Expropiar medios racistas y discriminadores sería revolucionario

De sábado a sábado

El Presidente del Estado Plurinacional “sugirió” que la mayoría masista en el Senado apruebe el proyecto de ley para combatir el racismo y la discriminación en el que se dispone (artículo 16) que los medios que difundan ideas racistas y discriminadoras serán sancionados con multas y con la suspensión de la licencia de funcionamiento, según reglamento.
La suspensión de la licencia de funcionamiento de un medio, por una transgresión como la anotada, es un tipo penal nuevo en el país. La Ley de Imprenta, vieja pero con encantos, sanciona las faltas de imprenta con multas económicas y establece juicio criminal por calumnias es una norma especial (con procedimiento incluido) sigue en vigor. Esto último recordamos porque ninguna institución jurídica o ley son abrogadas por ser viejas. La disposición: “No hay censura previa” en Bolivia, viene de la primera Constitución Política del Estado boliviano pero sigue en pie, pese a sus 185 años de vida. El artículo 16 de ese proyecto sugiere censura previa, pero ningún censor podría determinar que una idea, por racista y/o discriminadora, no se publique porque eso sería inconstitucional.
Sobre la necesidad de una ley para combatir el racismo y la discriminación, una vez más dejamos constancia de nuestro acuerdo con ella, la que sigue el trámite de rigor en el Senado. Sin embargo, si permanece la misma forma de producir en Bolivia, será mucho más difícil y quizá imposible vencer el racismo y la discriminación, con esa ley. Entre el pueblo se cree que con la aplicación de las leyes se resuelven los problemas. Sin embargo, es imprescindible decir que las leyes, bien aplicadas, pueden ayudar a resolver problemas, como el racismo y la discriminación, pero si no se combaten y se superan las causas materiales (económico-sociales) y las culturales que las provocan o determinan, no habrá la solución integral que se busca.
Añadimos que la aceptación de aquel proyecto de ley (en nuestro caso con excepción del artículo 16) no quiere decir abstenerse de críticas que buscan situar con claridad sus fortalezas y anotar sus debilidades. Éstas para que se las corrija antes de su aprobación.
José Martí, al que quizá se le escuche, en sus trabajos sobre Nuestra América, nos deja enseñanzas que nos pueden servir para el debate, insuficiente, que se libra sobre aquel proyecto de ley. Leamos al Maestro que escribió sobre el racismo de blancos y de negros y, sobre todo, del racismo antiindígena:
“¿No es acaso evidente que América fue paralizada por el mismo golpe que paralizó a los indios?” Su respuesta: “Y hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien América”.
Específicamente, sobre el racismo blanco y negro, el autor del ensayo Nuestra América, dice: “Hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. (…) De racistas serían igualmente culpables: el racista blanco y el racista negro”[1]
Esta última cita, guardando las distancias de espacio y de tiempo, si se toma en cuenta el método martiano para leer la realidad, tendría que servir a los que consideran que el peón de una empresa constructora, por ejemplo, no discrimina al gerente de aquélla. En las condiciones de un régimen en el que dominan las viejas clases sociales poseedoras, el racismo y la discriminación predominan de arriba hacia abajo, de los dominadores hacia los dominados, pero éstos o sectores suyos se comportan racistas y discriminadores, sobre todo, cuando ejercen algún poder, como sucede ahora en Bolivia.
Esta última afirmación nos da pie para afirmar que en una sociedad como la nuestra (las de Latinoamérica y el Caribe), se sobreponen las diferencias y la lucha entre las clases sociales, como factor determinante, a las que se suman como contradicciones secundarias, el racismo y la discriminación. En otros términos, no es la lucha de razas la fuerza determinante de los cambios en una sociedad como la boliviana. Sin negar que el racismo y la discriminación influyen, éstos no determina por sí mismos, como sucede con la lucha de clases.
En otra nota dijimos y reafirmamos: Los opositores al proyecto de ley del que hablamos mascullarán su ira, pero no dirán abiertamente sus diferencias, aunque probablemente son pocas. Acaso ahora se han “clandestinizado” o permanecerán en las sombras hasta que aclare.
Si la inmensa mayoría de los bolivianos compartimos la necesidad de una ley antirracista y antidiscriminadora, ése es un punto esencial del consenso (consentimiento y no unanimidad), por lo que, razonar a partir de una lectura analítica de nuestra realidad y establecer acuerdos, tendría que ser la pauta que guíe nuestros pasos. Aquéllos parecen difíciles, precisamente, porque se confrontan formas de ver el mundo y la vida que expresan intereses materiales, en rigor irreconciliables. Y casi siempre se imponen los que tienen más fuerza social y política (militar y policial), la que aquí se presenta como mayoría parlamentaria suficiente para aprobar aquel proyecto de ley que determina el cierre de medios racistas y discriminadores.
Se han hecho precisiones sobre la responsabilidad individual en la comisión de un delito porque es verdad que incluso cuando hay asociación para delinquir no desaparece la responsabilidad individual y ésta se la castiga, previo proceso debido. De modo que, según la ley, no es posible penalizar a un medio de difusión por las culpas racistas y/o discriminadoras de uno de sus dependientes y menos por el delito de un entrevistado.
La actual democracia, como forma de dominación (no es otra cosa la democracia), es todavía limitada en Bolivia, pese a los cambios. Es decir, la democracia contemporánea no es aún del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aquélla será un punto de llegada. Debido a los límites de la democracia, ahora, se reclama el respeto de los derechos de las minorías. Éstas a menudo se quejan sin dolor, lo que es habitual en el sector social, enemigo de los cambios verdaderos. La mayoría, además, puede y con frecuencia se impone. Lo que importa y mucho es que cuando la mayoría manda, lo haga en beneficio efectivo de esa mayoría y no sólo de grupos menores que forman la mayoría.
En el caso que nos ocupa, no debemos perder de vista que entre los gobernantes o asesores de éstos, es decir, los influyentes del actual gobierno sostienen que los únicos opositores a él y a los cambios son los medios de difusión (o la mayoría de éstos) a los que urge derrotar. Hace falta debatir esa tesis, pero preliminarmente cabe decir que la derrota de la mayoría de los medios, opuestos a los cambios, sólo será posible cuando el pueblo venza al sistema (capitalista, dependiente y atrasado) todavía dominante. Debemos entender, asimismo, que el poder de esos medios es el de sus dueños, esto es, de los sectores sociales todavía pudientes y todavía dominantes, aunque se les haya recortado su poder sobre todo político, porque el económico en importantes sectores de la economía sigue casi intacto.
En cuando al cierre de medios (suspender la licencia de funcionamiento) nada tiene de avanzado ni de revolucionario. No es ni lo uno ni lo otro dejar a los trabajadores de un medio sin trabajo y sin voz, aunque la palabra de los dueños de esos medios es la de los dueños de modo preponderante. No obstante, el cierre de un medio aunque afecte a sus propietarios, éstos no se los podrá callar con una medida administrativa. Más aún, si de veras se quiere defender, consolidar y profundizar el actual proceso, lo aconsejable es que se expropien los medios o se recuperen las licencias de funcionamiento y se los transfiera a título gratuito y en propiedad colectiva a los trabajadores del medio sancionado o a universidades públicas, previo proceso y de acuerdo a reglamento. Sería inteligente suprimir el artículo 16 antedicho y continuar el debate sobre el tema cuando discutamos el proyecto de ley sobre medios.
Si algunos estiman que no se cuenta con la fuerza para esa expropiación, vale la pena que se persuadan de que con esas medidas cambiaría la correlación de fuerzas en favor del proceso y del gobierno. El cierre de un medio, en cambio, también puede cambiar la relación de fuerzas pero en beneficio de los opositores a la transición boliviana. De lo que se trata es de sumar, sumar y sumar fuerzas para los cambios y para el gobierno, jamás hacer lo contrario.
“Gobernar obedeciendo” quiere decir, además, algo infaltable en un gobierno democrático y popular: escuchar al pueblo y cuando éste marcha en contra de sus intereses, lo que también ocurre, aportar al esclarecimiento de posiciones, pero con ideas avanzadas y revolucionarias.
Oruro, 3 de octubre de 2010.

Remberto Cárdenas Morales
*Periodista


[1] José Martí. Nuestra América, La Revista Ilustrada de Nueva York, 10 de enero de 1981, el Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. http://www.analitica.com/bitlio/jmarti_america.asp
Boaventura de Sousa Santos. Nuestra América: reinventando un paradigma (Fragmentos), revista Casa de las Américas 237, octubre-diciembre, 2004, La Habana, Cuba.

Bartomeu Melia

“Pensar la cuestión indígena exige de todos nosotros una reconversión de categorías y tomar distancia de nosotros mismos. No se trata solo de devolver tierras sino de respetar territorios donde otros modos de vida y de organización social y política sean posibles. Lo que parecen utopías son espacios reales donde la calidad de vida es un hecho cuando se han respetado las condiciones necesarias. Los pueblos indígenas son memoria de futuro, no harapos de un pasado sobrante del que uno puede deshacerse alegremente. Sobre todo en ecología y medio ambiente, las grandes áreas y territorios indígenas se manifiestan como reservas de gran valor para el futuro del país. Si no hubiera indígenas, habría que inventarlos.”

Bolivia: ¿Confrontación de pueblos, de regiones y de clases ?

Remberto Cárdenas Morales*

Que la gente del pueblo de la misma región, Caranavi y Alto Beni, se enfrente por una planta industrializadora de cítricos, entre otras cosas, revela: falta de dirección política, carencia de una organización correlativa, división en vez de unidad y limitada o falta de conciencia política y hasta de conocimiento respecto de las posibilidades y limitaciones de las reformas que todavía se impulsan en el país.
El enfrentamiento entre pobladores de la misma región porque una fábrica será instalada en Alto Beni en vez de Caranavi, demuestra que no es una disputa sólo entre dirigentes porque allí, los actores que no “pasan a la clandestinidad”, son los pueblos o fracciones fundamentales de aquéllos, lamentablemente, acabó con la vida del estudiante Mario Fidel Hernani (19 años) que entendió —tenemos derecho a suponer— que por aquella causa valía la pena no sólo “gastar la vida por los demás” sino entregarla sin reservas. Poco antes del cierre de esta nota se informó de la muerte, con tres balazos, de un segundo joven, también, en Caranavi.
La gente sencilla reprueba la pasividad del gobierno porque no buscó salidas al bloqueo de Caranavi tras que empezó, incluso preguntan por qué no se anticipó al conflicto.
Con Gramsci afirmamos que la hegemonía es dirección y dominación, a la vez, pero que un gobierno dirige a los que lo apoyan y domina a los opositores, y ésta (la dominación) la consigue con el uso de la fuerza si se la necesita. Para desbaratar los bloqueos de Caranavi el gobierno recurrió a la fuerza del Estado, pero ¿por qué domina a los que tendría que dirigir? o ¿Por qué los gobernantes no alcanzan a dirigir a los que son (o eran) votantes de Evo Morales?
La Red Uno mostró, al parecer, un salón de caza y que, ufano, quien lo empuñaba también lo mostró como si fuera un trofeo ganado en una competencia deportiva. Ése quizá sea un hecho aislado del que no se debe deducir que allí actúan pelotones armados o que el gobierno decidió desarticular “un movimiento político armado”, como dijo el ministro de Gobierno. Para confirmar o descartar una afirmación como ésa se debe investigar en serio, como tiene que ser una averiguación verdadera: reconocer la información antes obtenida y descubrir un nuevo conocimiento. Los defensores de los derechos humanos tienen una nueva y compleja tarea.
Un decreto gubernamental que dispone el 5 por ciento de “aumento” o reposición salarial, como mínimo, que deben desembolsar los empresarios a sus dependientes, pero que sugieren conseguir un mayor incremento, en cierto modo oculta la lucha económica (reivindicativa) de los trabajadores fabriles que la deben librar ante sus patrones.
En este tiempo de Evo los empleados públicos no recibieron aumento de sueldos, salvo el año pasado que se les pagó un bono de Bs 1.000, a los que percibían menos de Bs 3.000.
Cuando afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), influida por el MAS, dicen que no permitirán la marcha de la COB de Caracollo hacia La Paz, que empezará el próximo lunes 10 de acuerdo a sus organizadores, aunque se trate sólo de una amenaza pensamos que la derecha y la Embajada de EE.UU. en Bolivia, desean con ansiedad que se materialice, lo que sería francamente criminal. Pensarlo ya es reprochable.
Las huelgas de hambre de los militantes de UN sólo merecen una repuesta política porque esas medidas son explícitamente políticas.
Esposas de policías también ayunan por mejores destinos de trabajo para los suyos y un incremento mayor de sueldos, lo cual complica más el momento crítico que transcurre en el país.
Ante esos acontecimientos —también luctuosos—, medios de difusión afirman que la “conflictividad” ha vuelto a Bolivia o que aquí acabó la paz. Sobre esta apreciación preguntamos: ¿Cuándo no hubo resistencia y/o lucha del pueblo boliviano contra la explotación y opresión o para derrotar a dictaduras militares y fascistas y/o a regímenes neoliberales?
El conflicto definido como oportunidad para que se resuelva mediante el diálogo y la negociación y que, además, no desaparece sino que se transforma, pese a que se presenta como alternativa a la teoría y a la práctica de la lucha de clases, basta para desmentir lo que se habla de la conflictividad boliviana. Otra versión grotesca de aquella voz: culpa a Evo Morales de la confrontación y de que ésta se agudice.
La lucha de clases es determinada por factores económico-sociales, aunque es cierto que las clases sociales y las personas influyen en aquellas batallas clasistas.
A Marx, cuyo natalicio recordamos el 5 de este mes, también lo culparon de que descubrió a las clases sociales y a la lucha entre éstas, pero él resumió su aporte así: “Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción (…); 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases”.
La lucha de clases en Bolivia, de estos días, se manifiesta con las huelgas de hambre de fabriles en varios lugares; con los bloqueos de caminos en el norte de La Paz (desbaratado, en parte, por la fuerza policial ayer viernes), el de Quillacollo en Cochabamba y los de La Huachaca, en la carretera La Paz-Oruro; en los ayunos de militantes de UN en defensa de asambleístas departamentales que ellos creen les arrebató la Corte Nacional Electoral, para beneficiar al MAS; en el ayuno de las esposas de policías; en las marchas de trabajadores de La Paz (incluidas las del 1 de enero) y las bombas molotov que estallaron; se suman las marchas de los universitarios en defensa de la autonomía (en realidad, para preservar un bono de antigüedad que les beneficia como segundo sueldo básico; en las marchas de los médicos que dicen defender la sindicalización. Esas acciones tienen contenido político y se las enfila contra el gobierno. Los trotskistas, que dicen que Bolivia se llena de ellos, consideran que han generado la línea que algunos aplican, quizá sin advertirlo. Un vocero de esa tendencia dijo que la marcha paceña del 1 de mayo mostró que los asalariados se diferencian del gobierno actual y que confían en que los asalariados recuperen su independencia. Derrocar a Evo ahora no está en agenda, pero sí se busca el mayor deterioro suyo, aunque es cierto que huelgas generales indefinidas de los trabajadores en Bolivia se han ejecutado para tumbar gobiernos, como dijo el Vicepresidente.
Los asalariados bolivianos no tienen por qué dejar de luchar por sus derechos legítimos: a una renta digna como reclaman, a que las conquistas sociales sean incorporadas a la nueva legislación del trabajo, a que todos los que trabajan se organicen sindicalmente (incluidos los empleados del Estado), a recibir los mejores salarios que la economía boliviana lo permita para empezar a vivir bien, a que sigan como realidad las conquistas sociales que son irrenunciables.
Es inaceptable que los trabajadores, en el inmenso escenario de la lucha por sus derechos legítimos, confundan el blanco y que esperen que el gobierno les consiga incluso el aumento salarial que deben arrancar a los empresarios, pero con su accionar, en primer lugar. En otros palabras: las huelgas de hambre de los trabajadores fabriles tienen que dirigirse contra los empresarios, jamás contra el gobierno. En rigor, el decreto gubernamental que ordena el pago de la reposición del poder de compra de los salarios es una gestión administrativa del gobierno que va más allá de sus obligaciones. Los fabriles alegan, lo que es una media verdad, que cuando un decreto supremo dispone un porcentaje de aumento o reposición salarial, los patrones se niegan a conceder un aumento mayor. Ante esa media verdad la pregunta es: ¿Acaso los patrones son tan comedidos que obsequian a sus trabajadores las llamadas conquistas sociales? ¿Los trabajadores bolivianos conseguirán aquellos “regalos” sin lucha que consiga esas conquistas sociales?
Un ministro ha dicho que en lo sucesivo la política salarial del gobierno será discutida con los trabajadores. Se le debe tomar la palabra a ese funcionario público, lo que también nos lleva a preguntar ¿por qué la actual política salarial es indiscutible? Otra pregunta: ¿Por qué un gobierno del pueblo pretende que los asalariados paguen, aunque sea en parte, la inversión fiscal?
La lucha de clases en todas sus fases: económica, política, ideológica e incluso cultural, debe seguir su cauce natural y sin árbitros oficiosos los que a veces ni alcanzan a moderarla. Por ello, resulta de mal gusto que un Viceministro del gobierno sugiera que el salario, ante su limitada y disminuida capacidad de compra, sirva para vivir con pan y café. Entre ese ofensivo consejo y lo que dijo Luis García Meza: “Viviremos con chuño y charque”, los 20 años que soñaba que gobernaría dictatorialmente, hay un parecido inconfundible. Cuando escuchamos declaraciones de ese Viceministro, que tuvo varias militancias políticas, constatamos que la política que todavía tiene contenido democrático y popular la ejercen politicastros (políticos ineptos) como aquel servidor público, de los que esperamos salvarnos.
La amenaza de líderes campesinos, adeptos al gobierno, de impedir la marcha de la COB desde Caracollo a La Paz, tiene que ser retirada expresamente. Además, los campesinos nada deben impulsar en contra de los trabajadores con los que, a pesar de los desencuentros y enfrentamientos actuales, tienen que buscar alianzas sostenidas para defender, consolidar y profundizar los cambios.
Evo Morales, apoyado en el liderazgo que ejerce (aunque se deteriora a un ritmo que tendría que preocupar), debe introducir un ajuste esencial en la política que impulsa: para que el gobierno de veras sea del pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Y nada de medias tintas.
El diálogo sindicalistas-gobierno de estas horas debe servir para resolver problemas y la pacificación que se demanda en Caranavi y Alto Beni tiene que ser con soluciones.
La Paz, 8 de mayo de 2010.
*Periodista

Los aliados que rechaza y los que acepta Evo Morales

Dentro de la transición boliviana empieza la división de las fuerzas políticas y sociales que la apoyaban desde sus orígenes, la que se extiende al pueblo, a pesar de que se admite, en el mundo y también entre nosotros, que ninguna revolución ni las reformas avanzadas han triunfado sin unidad amplia y profunda del pueblo y de todos los que efectivamente respaldan los cambios. Asimismo, ha sucedido (y en Bolivia otro tanto) que contingentes crecidos de hombres y mujeres y/o personalidades se incorporan al bloque gobernante después de la victoria: unos luego de una autocrítica o por el camino derecho y otros por mero oportunismo, tras de ventajas personales.
Martha Harnecker, a la que esperamos le escuchen especialmente los gobernantes y antes que todos Evo Morales, ha dicho en su estancia reciente en La Paz que la transición boliviana es pacífica y que por eso se necesita ampliar las fuerzas motrices del actual proceso y conseguir más aliadas de éste. Añadió que los protagonistas de un frente social y político como ése tienen una cultura y/o una formación política de la vieja sociedad capitalista atrasada y dependiente, por lo que esos actores tienen las virtudes y las taras de esa formación social abigarrada (especialmente compleja) como la define René Zavaleta.
La apreciación de la estudiosa de los procesos que protagonizan nuestros pueblos (Venezuela, Bolivia, Ecuador) y que es sometida a la prueba de la vida, creemos que nos ayuda a entender que los aliados hasta hace poco tiempo, como el MAS y el MSM, no tienen derecho a imponer la división de sus militantes y por tanto la desunión del pueblo, lo que se manifiesta, especialmente, en ciudades como La Paz.
Los partidos de raigambre popular verdadera y, en particular sus dirigentes, no tienen que perder de vista que dentro de un proceso de cambios como el de Bolivia es más fuerte lo que nos une y que esa fortaleza se debe estimular y reforzar en el pueblo, entre otros ingredientes, con la educación política cotidiana, la que se debe sumar a la que el pueblo adquiere en las batallas de clases sociales, de pueblos indígenas y de regiones, libradas en pos de intereses legítimos.
Son los intereses materiales los que inicialmente unen a los postergados de siglos y a sus organizaciones políticas y sociales. Las ideas unitarias, casi siempre, se asimilan después o en medio de la lucha, la que es incesante y jamás es sólo electoral. La unidad política, sobre todo, cristaliza en medio de una lucha de ideas, la que es una sensible ausente entre los bolivianos.
Cuando el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia proclama que el MAS tiene suficiente fuerza y que por tanto no necesita aliados —fallutos dice él—, incurre en un error que tiene que preocuparnos hondamente por lo que, creemos, con inteligencia debe ser rectificado a la brevedad. Seguro que los cambios nada necesitan de aliados corruptos. Pero qué tribunal o quién dechado sólo de virtudes determina la honestidad de unos y la deshonestidad de otros. Se evidencia más el error presidencial porque hace poco sugirió “clonar” al líder de los sin miedo y hasta le pidió que enseñe cómo se combate la corrupción en la Alcaldía paceña. La pregunta es: ¿Los aciertos del Alcalde de La Paz han desparecido por acción de alguna magia?
La separación de los políticos, especialmente los del campo popular, debe materializarse luego de una evaluación, al menos así tendría que ser ese desenlace. Incluso si aquella desunión es abrupta y sin explicaciones previas, otra pregunta es: ¿A quién sirven los insultos que se prodigan entre ellos? El divorcio político tiene que ser para aprender de la vida y, en el caso que analizamos, para buscar y conseguir el reencuentro sin demora entre los amigos de los cambios.
Algunos creerían inevitable el fin de una alianza si los gobernantes no aceptaran otros aliados que hasta hace días, semanas o meses pertenecieron al bloque enemigo del que gobierna el país. ¿Esos “socios” políticos del gobierno, procedentes de la derecha, son los que pretenden dividir al MAS, desde dentro, como denunció el Vicepresidente del país?
Es posible y hasta deseable que del otro frente se incorpore gente al que ahora gobierna si antes, imprescindiblemente, vivieron una autocrítica real que va más allá de las palabras.
Una lista, seguro incompleta de los aliados que prefiere o tolera Evo Morales, les ofrecemos a riesgo de caer en omisiones, por ello se trata de un inventario inconcluso:
Edmundo Novillo, actual candidato del MAS a Gobernador por Cochabamba, antes fue presidente de la Cámara de Diputados por el partido gobernante; empero, mucho antes fue también concejal municipal del MNR. Todo indica que ahora es militante de primera línea del MAS y hasta se confirma como cierto lo dicho, según el comportamiento de aquel candidato.
Candidatos propuestos por los movimientos sociales en Tarija, Camargo, Quillacollo, Achacachi, entre otros lugares, fueron sustituidos por militantes de la derecha, según los vecinos de aquellas localidades los que sí conocen a los lugares, como no los conocen los gobernantes, de lo que hay testimonios confirmatorios. Rechazamos que se gane militancia y dirigentes para el MAS a cambio de candidaturas porque ésa es una práctica prebendal.
Roberto Fernández, candidato del MAS a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, nada tiene de masista, lo que es cierto, por eso sus amigos, según medios de difusión, le han dicho a ese candidato que si le va mal será por culpa de su alianza con el partido de gobierno.
Edwin Castellanos, candidato a Alcalde de Cochabamba, tampoco es masista, aunque podrá alegrar que lo sea muy pronto, así él le cantará convencido a las reformas avanzadas que vivimos y/o protagonizamos, y que postulamos que se consoliden y avancen, con pasos de gigantes, hacia el “horizonte socialista” que se anunció al inicio del actual período gubernamental.
José Villavicencio, ex presidente del Senado por Unidad Nacional, torturador de campesinos pandinos como prolongación de la masacre de Porvenir (11-IX-08), ha dicho que apoya a los candidatos del MAS en Pando. La sospecha nuestra es: así paga el servicio de haber conseguido su impunidad porque de acuerdo a las normas penales no podrá ser enjuiciado después del proceso a 27 imputados, entre ellos a Leopoldo Fernández, precisamente por esa matanza.
Del pacto celebrado entre el entonces candidato a senador Isaac Ávalos y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, que apalearon a campesinos e indígenas en Santa Cruz, jamás nos olvidaremos. Esa llaga sigue abierta y que nadie saque pecho por ese error garrafal que inició una práctica que rechaza a los que pueden y deben ser aliados, y consiente a los que tienen todo el perfil para seguir en el bando enemigo de los cambios o, que si de preferencias se trata, que ellos se desactiven o neutralicen, aunque creemos que “camba viejo no aprende a rezar”.
Juan Ramón Quintana, desde fuera del gobierno asesora a la candidata del MAS a Gobernadora del Beni, como antes cumplió similares labores en Pando, con los resultados adversos que se conocen. Fue adenista el ex ministro de la Presidencia y al parecer un aplicado estudiante en escuelas de formación ideológica, política y militar de los yanquis en varias ocasiones y lugares. ¿Cuándo los yanquis han formado actores y líderes de revoluciones democráticas, populares y socialistas?
Entre la gente medianamente informada habrá alguien que olvidó que el actual Viceministro de Seguridad Interior ejecutó los mandados de un prominente adenista que fue ministro de Defensa de Banzer. Aquél parece preservar sus actitudes autoritarias, así como su discurso casi siempre sin contenido.
Se han ido o han facilitado la salida de Román Loayza, Lino Villca, Félix Patzi, pero que nadie crea que se acabaron esos ejemplares en el MAS.
José Antonio Aruquipa en tiempo récord pasó de vocero de Podemos a propagandista de la candidata masista al municipio paceño. Especialmente los periodistas sentimos náuseas por eso.
Claro que nos felicitamos por aliados del MAS y de Evo, como Jerjes Justiniano porque une y como Jessica Jordan porque propaga ideas, lo que muestra que ella no es sólo belleza, cuya cualidad a nadie disgusta.
Ante los errores anotados cabe la crítica pública que aconseja Harnecker, a riesgo de que se responda con: el que no está con el MAS, está en su contra. Somos cada vez más los que criticamos los errores del gobierno y los que sugerimos correctivos. Y a pesar de que la indiferencia es la respuesta, seguimos apoyando al proceso y al gobierno, sólo que con todas las críticas que merezca el comportamiento de sus integrantes (incluido el Presidente).
Con esa posible crítica pública tenemos que buscar la rectificación de errores que tienen largo alcance, es decir, proyección estratégica.
Tampoco pretendemos diferenciación alguna con los que dirigen y menos con los que impulsan la transición boliviana. Tiempo tiene que haber para la rectificación de errores y en política no existe aquello de dar por cancelada una alianza de por vida. En vez de rechazar aliados es urgente salir al encuentro de ellos. Los únicos que no tienen espacio en el movimiento social y político de la transición boliviana son los enemigos (incluidos los encubiertos, a los que se debe poner a la vista del pueblo).
Tenemos que reunificarnos antes de que los enemigos de los cambios traten de organizar la contraofensiva, con apoyo yanqui; cambios a los que aquéllos se opondrán mientras tengan algo que perder en Bolivia. Ese día el soberano se impondrá otra vez si es necesario, pero los dirigentes deben tener la generosidad suficiente para aportar de veras a la construcción de la unidad, para que sigamos de victoria en victoria.
La Paz 3 de abril de 2010.
Remberto Cárdenas Morales*
*Periodista

Unitel: ¿Una reconciliación con la verdad?

Soledad Antelo, periodista

Ayer, el canal Unitel transmitió en Santa Cruz en un programa de “opinión” el resultado de las encuestas que había encargado a una consultora. Estaba a punto de castigar a esta cadena televisiva con el zapping, pero me contuve. Curiosa por saber cuán imaginativos estarían para continuar con más de lo mismo, pensé: seguro que ahora nos vienen con el cuento de que la segunda vuelta en diciembre es inminente, que Evo cae y cae y ¿Manfred y/o Samuel? suben y suben…
Pero, curiosamente, nada de eso dijeron. Dieron resultados en las mismísimas narices de don Manfred Reyes Villa. El “Bombón” tuvo que hacer mucho esfuerzo para que no se le avinagre la sonrisa artística que suele lucir en estos casos. No era para menos: los resultados parecen contravenir sus más íntimos deseos de constituirse en el líder de la oposición de derecha para los próximos cinco años.
Aceptar que Evo Morales ganaría por más de cuarenta puntos a su inmediato seguidor es admitir que la inmensa mayoría del pueblo boliviano tiene ya decidida su opción. Números más, números menos, lo cierto es que esta elección, no por el resultado predecible del 6 de diciembre, tiene una importancia fundamental para el giro que viene dando nuestro país y la región en estos últimos años.
Se trata de lograr una mayoría suficiente que permita que la nueva Constitución Política del Estado finalmente pueda traducirse en un ordenamiento legal que ponga en marcha un cambio trascendental e histórico. Entre otras, es previsible que ese nuevo ordenamiento jurídico facilite una verdadera y auténtica democratizació n de los diferentes poderes del Estado; entre ellos, el Judicial y el Electoral.
Precisamente ése es el sentido último que hay que interpretar de esta manifiesta mayoría: a pesar de un andamiaje mediático que ha procurado (y todavía procura) torcer el sentido común del ciudadano, la vitalidad de este cambio no se atenúa luego de más de tres años de gestión del Presidente Evo Morales. Por el contrario, ocurre un fenómeno político que es único en nuestro país y ejemplo para la comunidad democrática: cambios en paz, en consulta con la ciudadanía, en armonía con las reglas democráticas que el neoliberalismo, en su época de esplendor, consideraba perfectas e irrefutables.
Un confeso mirista mediocre aconsejó hace unos días favorecer a la oposición de derecha con un voto regionalizado, promoviendo el apoyo a aquellos candidatos mejor perfilados en cada departamento para evitar una apabullante derrota. Sano y diáfano consejo sería “votar por Manfred Reyes Villa en Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Pando, Santa Cruz, y Tarija; habría que votar por Samuel Doria Medina en La Paz y Oruro; y votar por René Joaquino en Potosí”; si no mediara la mezquindad de la propuesta.
Y eso es precisamente lo que quedó develado en el programa de Unitel de anoche: Manfred Reyes Villa, ungido por las malas como el líder de la oposición, no tiene ninguna propuesta que hacer al país, salvo ese leit motiv de sus mandantes: oponerse a cómo de lugar al proceso de cambio.
Razones por demás claras para una ciudadanía que día a día abre los ojos y cierra los oídos a las mentiras mediáticas. Tanto asustaron con que se anularía la propiedad privada, que Dios sería expulsado del territorio nacional, que el país se hundiría por la invasión de las “hordas masistas” y otros infundios, que ahora, por más que griten que viene el lobo, ya nadie les cree.
Quizá por ello Unitel abogue ahora por decir la verdad; el sentido común aconseja recuperar la credibilidad para cargar baterías para nuevas contiendas. Abril está próximo, y eso pesa mucho en el ánimo de una oposición que ve cómo la estrategia de regionalizar el poder para promover el enfrentamiento ya no encandila a los muchos ciudadanos que, hasta hace menos de un año, creían ingenua y firmemente en propuestas dizque autonomistas.
Dándole el beneficio de la duda a la encuesta de marras, la lectura da para pensar que es posible un triunfo del MAS IPSP en todos los departamentos del país. Que veinte senadores ya visten de azul, negro y blanco, y que cuatro más pueden ampliar esta lista. Y que podrá superarse el histórico 54% de la anterior elección…
Manfred, ¿huirás del país antes o después de conocido el escrutinio?

PS. De yapa, diré que no creo en las encuestas, ni aún cuando éstas se muestran favorables a nuestros deseos. Eso sí, tengo la certeza de que el pueblo, una vez más, las (y los) derrotará, y de lejos…

El “Privatizador” ofrece trabajo

Fortunato Esquivel
Hace 17 años, comenzó a ejecutarse el “trabajo sucio” más deshonesto que a los políticos puede tocar desempeñar. Se trata del proceso de descapitalizació n del Estado. La venta de sus empresas a precios de “perro muerto” y cuyo único objetivo era enriquecer a los que administraban robando y robaban administrando Bolivia.
Los gobernantes neoliberales, al mando de Jaime Paz Zamora, su gabinete y el principal operador del asalto a las instituciones del Estado, Samuel Doria Medina, aprobaron en 1992, el Decreto 22836, calificado como el más importante de esa gestión.
En el contexto de la Nueva Política Económica (NPE), el consenso neoliberal se esforzaba en convencer al pueblo sobre la necesidad de garantizar el crecimiento económico con equidad, mediante el regalo de la cosa del Estado, en beneficio de ellos mismos.
Doria Medina era decidido teórico para reorganizar la actividad económica en esa coyuntura mediante la aplicación de una economía de mercado. Predicaba hasta el hartazgo que las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda debían definir la actividad productiva y el destino de Bolivia.
Estos políticos que, por entonces ya habían cruzado ríos de sangre” estaban decididos en la necesidad de un cambio en la titularidad de los medios de producción pasándolas a manos del sector privado, como el más importante de los cambios en la economía boliviana de ese tiempo.
Las falsas intencionalidades de ese decreto, apuntaban a “Democratizar la propiedad de los medios de producción”. Eran sin duda, declaraciones de buenas intenciones. El pueblo estaba claramente impedido de acceder a la compra de acciones de estas empresas.
La concentración de la riqueza, fue el resultado frente a la “promesa” de democratizar la propiedad de los medios de producción. La marginación de las grandes mayorías, del proceso económico, fue evidente al terminar la venta de lo que era de todos.
Como hasta el 6 de diciembre, estaremos sometidos a un “bombardeo” de mentiras y cantos de sirena, para convencernos de los “angelitos” que fueron los ahora candidatos de oposición, es preciso solo recordar, el regalo de decenas y decenas de empresas del Estado, ahora en poder de ellos mismos en buena cantidad de casos.
La siguiente es la lista de empresas de las ahora desaparecidas Corporaciones Regionales de Desarrollo, vendidas a precio de “perro muerto”, durante la gestión de Samuel Doria Medina, como ministro de Planeamiento y Coordinación, encargado de la privatización:
NOMBRE DE LA EMPRESA RAZON COMERCIAL CORPORACION
01.- Hiland. Santa Cruz HILANCRUZ Santa Cruz
02.- Planta Ind. de Leche PIL-SC Santa Cruz
03.- Planta Ind. de Leche PIL-CBBA Cochabamba
04.- Fab. Alim. Balanceados ALBAT Tarija
05.- Planta de Tarhui TARHUI Cochabamba
06.- Planta Elab. Queso San Javier SAN JAVIER Santa Cruz
07.- Planta Ind. de Leche PIL-TARIJA Tarija
08.- Cabaña Lechera Santos-Paz CALETSA Santa Cruz
09.- Planta Ind. de Leche PIL-SUCRE Chuquisaca
10.- Centro Vitivinícola CEVTTI Tarija
11.- Ind. Avícolas de Tarija AVTAR Tarija
12.- Emp. Tarijeña de Gas ENTAGAS Tarija
13.- Prog. Agr. de Oleag. y Maíz PAOM Tarija
14.- Hotel Asahi ASAHI Santa Cruz
15.- Fab. Losetas Montero LOS MONTERO Santa Cruz
16.- Ind. Metálicas INMETAL La Paz
17.- Planta Ind. de Leche PIL-LA PAZ La Paz
18.- Aserr. Chimanes San Borja CHIMANES Beni
19.- Planta de Silos Sachojere SACHOJERE Beni
20.- Emp. De Semilla Mejorada EPSM Beni
21.- Empr. Ganadera FONBENI-COTESU FONBENI Beni
22.- Ind. Agr. Bermejo IAB Tarija
23.- Fab. De Cemento El Puente FACP Tarija
24.- Fab. Nal. de Vidrio Plano FANVIPLAN La Paz
25.- Fab. Bol. De Cerámica FABOCE Cochabamba
26.- Fab.de Cerámica Roja Roboré CR. ROBORE Santa Cruz
27.- Em. Nal. de la Castaña ENACA Beni
28.- Fab. De Cerámica Roja Camiri CR. CAMIRI Santa Cruz
29.- Fab. Cerámica Roja Oruro CR. ORURO Oruro
30.- Planta Ind. de Té Chimate CHIMATE La Paz
31.- Sist. Agua Potable Cobija APC Pando
32.- Fab. Objetos de Peltre PELTRE Oruro
33.- Proy. Gand. Todos Santos Hirtner HIRTNER Santa Cruz
34.- Fab. Cerámica Roja Cobija CR. COBIJA Pando
35 Procesamiento de Quinua PIQUIN La Paz
36.- Emp. Fores. Pecuaria Tariquia TARIQUIA Tarija
37.- Cristales Oscar Alfaro CRIOSAL Tarija
38.- Cent. Agrop. Des. del Altiplano CADEA Oruro
39.- Frigorífico Los Andes LOS ANDES La Paz
40.- Taller de Cerámica CERAMICA Chuquisaca
41.- Cerámica Roja Trinidad CR. TRINIDAD Beni
42.- Ingenio Azucarero Guabirá GUABIRA Santa Cruz
43.- Fab. Aceite Com. Villamontes FAC-VILLA Tarija
44.- Fab. de Té Chapare CHAPARE Cochabamba
45.- Fab. Nal. Cemento S.A. FANCESA Chuquisaca
46.- Planta Laminadora de Goma LAMIGOSA Beni
47.- Prod. Alim. de Maíz Mairana PAM Santa Cruz
48.- Hotel Terminal TERMINAL Oruro
49.- Línea Aérea Imperial LAI Potosí
50.- Fab. Alim. Balanc. Portachuelo ALBAPOR Santa Cruz
51.- Terminal de Buses Oruro TERMBUSES Oruro
52.- Sal Yodada La Entrerriana ENTRERRIANA Tarija
53.- Fab. de Cadenas CASAM Oruro
54.- Telef. Automáticos de Cobija COTECO Pando
55.- Emp. Ganadera Remes REMES Beni
56.- Ind. de Papel Sidras Tarija IPTASA Tarija
57.- Serv.Ener. Elect. de Cobija SEC Pando
58.- Planta de Ají AJI Chuquisaca
59.- Planta de Pollos BB POLLOS BB Chuquisaca
60.- Criadero de Truchas Piusilla PIUSILLA Cochabamba

Así comenzó la venta de las joyas de la Madre Bolivia. Después de 17 años, es más fácil observar a los beneficiarios de la depredación. ¿Quiénes son los nuevos dueños?, ¿vendieron o se vendieron a sí mismos las empresas del Estado?. El principal privatizador, ofrece ahora convertirnos en “sus” trabajadores. Él mismo se adjudicó las cementeras ¿o no?.
Esto sólo fue el inicio de la descapitalizació n, los siguientes en el gobierno, desnudarían completamente a la Madre Patria. Serían los mayoristas de la venta. Las empresas más grandes de Bolivia, fueron entregadas a las transnacionales, pero ésa es otra historia, que también la debemos recordar, en otra ocasión.
//////////// / SCZ 12/10/09

La segunda independencia de nuestra América propagada

De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*
Necesidad de la segunda y definitiva independencia de nuestra América, unidad de nuestros pueblos y naciones, fin de la dependencia del imperio, solidaridad con los pueblos en lucha, cooperación e integración entre las naciones sometidas al atraso, defensa de la democracia participativa, respeto y realización de los derechos humanos, nuestros pueblos actores fundamentales de los cambios en Sur y Centroamérica (incluido el Caribe), exclusión de la guerra entre estados y naciones, rechazo a las bases militares en tanto espacios para la agresión, constitución de gobiernos y de estados en los procesos independentistas, papel de las personalidades en las transformaciones (de la primera independencia y de la actual), las revoluciones (antes y ahora), la urgencia de luchar por la libertad y el derecho a la rebelión de los patriotas de la guerra de la primera independencia. Ésas, entre otras ideas, se propagaron durante las celebraciones del Bicentenario de la Revolución del 16 de julio de 1809.
Es el derecho a la rebelión de los paceños, el rechazo de toda forma de dominación injusta, parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, principio puesto a prueba en las revoluciones burguesas de Europa y, especialmente, en Francia (1789).
En lo que fueron las “desgraciadas colonias” de España hubo una forma de rebelión encubierta, la desobediencia, cuando se decía que se acataba lo que disponían los reyes de España, pero no se cumplía. Entonces se afirmaba que luchar contra un régimen despótico (el de la colonia española lo era) constituía un deber sagrado.
El derecho de nuestros pueblos a la insurrección popular fue recogido incluso por el Papa Pablo VI. Ese derecho es el que el Presidente Constitucional de Honduras cree que debe ser ejercido por el pueblo hondureño para expulsar a los golpistas del poder que, ilegal e ilegítimamente, detentan en el país centroamericano. Esa idea ha sido retomada estos días en La Paz y aquella propuesta de Zelaya, creemos, en nada lastima la línea de las elecciones que, aquí en Bolivia y como una forma de lucha, se realizarán en diciembre de este año.
La libertad, principio y práctica que comprende el rechazo a todo tipo de vasallaje, especialmente político, ha sido retomado con fuerza en los discursos gubernamentales y municipales. Así se propugnó la necesidad de contar con pensamiento propio, con gobierno boliviano, con territorio liberado y nada de tutelaje, por tanto, con autodeterminación plena.
Resume ese pensamiento: “Bolivia libre sí, colonia yanqui no”, consigna límpida que los antiimperialistas bolivianos (y latinoamericanos) enarbolamos mucho antes de que un partido, que acabó en la derecha, tomara como nombre la primera parte de esa proclama.
La segunda y definitiva independencia de nuestros pueblos y países es un planteamiento que tiene un basto alcance. Más allá de interpretaciones que respetamos, como la que refiere que cuando se fundaron las repúblicas latinoamericanos, luego de la primera guerra por la independencia, en realidad no hubo emancipación alguna, nosotros pensamos que, a pesar de todo, hubo independencia política, aunque la dependencia económica se preservó como acto sucesivo a la victoria de los patriotas en la guerra liberadora, en la que concurrieron varias formas de la lucha. Por ello, posteriormente se aportó con una definición de las relaciones internacionales de los nuevos estados surgidos luego de los alzamientos indígenas, guerrillas independentistas y guerra regular sostenida por ejércitos también regulares.
La primera emancipación de la América nuestra (obra de indígenas y criollos, como dijo Evo Morales en ocasión del Bicentenario de la Revolución paceña), se entiende como un proceso inconcluso. Por ello, resulta acertada la segunda y definitiva independencia, la que debe concebirse como una etapa esencialmente antiimperialista de la revolución latinoamericana.
Se levantó con fuerza la solidaridad, esto es, el apoyo político entre nuestros pueblos, especialmente cuando están en movimiento y luchan. Estos días el respaldo se reiteró al pueblo hondureño que con múltiples acciones resiste al golpe, al que espera derrotar y, en consecuencia, restituir a Zelaya en el gobierno. Solidaridad, que va más allá de un manifiesto y del aliento a los compañeros en acción, es una parte de aquélla. La otra, tanto o quizá más importante, es la que emprenden nuestros pueblos cuando en su respectivo territorio combaten a los mismos enemigos a los que enfrentan los que reciben la solidaridad política. Cabe subrayar que la derrota de los golpistas en Honduras, será una manera concreta de cerrar el paso a un riesgoso mal ejemplo, será defendernos a nosotros, salir por los fueros de los cambios bolivianos y latinoamericanos.
La unidad de los pueblos latinoamericanos es otra tarea programática que tiene que construirse todos los días. Esta otra idea-fuerza estuvo presente en el discurso y en la acción de los libertadores del siglo XIX, sin que se haya materializado de manera completa y sostenida. Ejemplos de esos intentos son la Gran Colombia propuesta por Simón Bolívar, la Confederación Perú-Boliviana y la República Federal de Centroamérica enarbolada por Francisco Morazán; alianzas a las que sólo se opusieron los imperialistas nacientes y las “roscas” criollas de ese tiempo. Ahora, la integración, la colaboración, la unión de nuestros pueblos y países constituyen un deber ser ineludible, un camino a recorrer: elementos constitutivos de la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Es imprescindible, por tanto, subrayar sobre este asunto que sólo a los enemigos de nuestros pueblos y países les interesa que vivamos y luchemos separados. La unión hace la fuerza es lo contrario de: divide para reinar. Estas verdades sencillas por su forma, pero cuya profundidad pocos ponen en duda, han sido dichas y practicadas por los héroes de la primera emancipación inconclusa. El Libertador en un mensaje a los habitantes del Río de la Plata plantea la “unidad en la América Meridional” y Francisco Morazán (nacido en Tegucigalpa y líder centroamericano) considera como una “combinación admirable” lo que denomina “La alianza de los pueblos americanos”. Viene, pues, de lejos la divisa unitaria de los pueblos de esta región la que, además, se construye y se manifiesta en ejemplos promisorios, los que sacan de quicio a imperialistas y empresarios transnacionales.
Sobre la preservación de la democracia, la actual, limitada todavía sobre todo porque lo que producimos (y cómo producimos) no alcanza para repartir de manera que favorezca más y en mayores porcentajes a los que menos tienen, no es la forma de gobierno con la que debamos conformarnos. En rigor, se trata de que en la democracia en funciones se articule otra: la del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para nuestro gusto eso será, en materia política, el socialismo plurinacional. Sin embargo, para llegar a esta otra formación económica y social es necesario llevar hasta el fin el actual proceso de reformas avanzadas, del que tenemos que ampliar sus luces y achicar sus sombras. Esto quiere decir defender los cambios, consolidarlos y avanzar con botas de siete leguas.
Desde la derecha, como si las celebraciones del Bicentenario hubieran caído en falta gravísima, se dice que se han producido hechos políticos antes que sucesos cívicos. Pero son imposibles las horas cívicas formalistas o que la unción cívica sea químicamente pura. Más aún, un acontecimiento político, como fue el alzamiento popular y la formación de un gobierno propio, el 16 de julio de 1809, no debía celebrarse sin las ideas reseñadas en esta nota. Para decir lo menos, el Bicentenario cobró tres dimensiones: ideológicas, políticas y culturales.
Las ideas-fuerza que se han reproducido fragmentariamente aquí, las que deben entenderse como una extensión de la Proclama de la Junta Tuitiva para este tiempo (lo que no olvida las obras municipales paceñas por las que se saca pecho), están destinadas a la lucha de ideas, a “sembrar conciencia” (como dice Fidel). Por eso, las reproducidas y otras más deben incorporarse en un programa, en algo por lo que debemos luchar en forma resuelta. Sobre todo ahora que incluso desde el gobierno se pide a los movimientos sociales que elaboren programas para una etapa inmediata de la transición boliviana.
Para que la campaña electoral hasta diciembre sea avanzada por sus perfiles y por su esencia se tiene que ofrecer un programa de todo el pueblo, conseguir una organización eficaz y eficiente, lograr la unidad más amplia posible y una conciencia política agigantada. Sólo así se conseguirá una victoria de veras contundente y se caminará en la defensa, consolidación y profundización de los cambios en la formación social boliviana.
La Paz, 18 de julio de 2009.
*Periodista

Apunte de historia respecto a la pertinencia del Himno a Santa Cruz de Felipe Leonor Ribera Arteaga

Dunia Sandoval Arenas

La encomienda era en 1630, “un contrato que hace el rey con el encomendero, que obliga, a ambos contrayentes: al rey a que ceda al encomendero la percepción de los tributos; al encomendero a que instruya al indio que recibe bajo su amparo en ánimo de prudencia divina y humana y a defender la provincia a su costa, como feudatario”. El repartimiento de tierras coincidía con la encomienda de “enseñanza religiosa” Entonces bajo el pretexto de enseñanza, se manifiestan los privilegios de los españoles y la sumisión personal, entrega de especies o contribución monetaria. El trabajo servil significaba que el encomendero disponía del trabajo y de la vida de los que vivían en su territorio, para garantizar el cumplimiento del trabajo se usaba la coacción, es decir, castigos físicos que en ocasiones llegaban a extremos de crueldad. Lo tradicional eran los azotes, el cepo, los abusos sexuales.En el oriente boliviano, el “patrón” exigía lealtad absoluta, y estaba prohibido, bajo pena de muerte, salir del territorio de la hacienda. Estas relaciones de explotación eran encubiertas con relaciones de padrinazgo, de los hijos y la “aculturación” de poblaciones indígenas que asumían idioma, religión, y costumbres sociales de los patrones e incluso sus apellidos, presentados como “superiores” y anulando así las organizaciones propias e identidad de los pueblos indígenas.Actualmente, todavía subsisten pueblos indígenas bajo situación de cautiverio, cuyo origen está en las formas de dominación establecida por la administración española durante la época colonial, que fueron seguidas por los “criollos”, hijos de españoles, que en algunas zonas y casos, mantuvieron con pocos cambios las formas de explotación a los indígenas.Aunque la gobernación de Santa Cruz no estaba comprendida en la mita. Los originarios de tierras bajas estaban permanentemente acosados por los “cazadores” de personas, quienes los esclavizaban y llevaban para vender a Potosí.El proceso de encomienda empezó con los fundadores de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Ñuflo de Chávez y Andrés Manso, La Barranca. “Comenzando la tarea de repartir tierras y encomiendas los capitanes Manso y Chaves, desde el momento mismo de las fundaciones de La Barranca y Santa Cruz de la Sierra en 1561. Atendiendo a lo dispuesto en las instructivas dadas a los mencionados capitanes por el virrey Hurtado de Mendoza.”“Dejando constancia en la relación de servicios del mencionado Capitán Chaves, que fundó en nombre de Dios y de Su Majestad el Rey e el ilustre señor don García Y Manrique la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 26 de febrero de 1561 en mérito a la autoridad que ejercía en la naciente provincia. Prosiguiendo luego a nuevas entradas en busca de mayores descubrimientos en la región de Mojos, por su incansable deseo de desencantar la tierra y poblarla para el bien de la Madre Iglesia y S; el Rey.” En realidad hubieron 90 fundadores de la ciudad y 89 repartimientos, lo que implicaba repartimiento de tierras y encomienda de los nativos. El Cabildo de la ciudad de Santa Cruz dio instrucciones al capitán Hernando de Salazar solicitar al virrey del Perú la aprobación de los repartimientos y encomiendas realizadas la gobernación titular para el capitán Ñuflo de Chaves, “Que todos los pueblos de indios que ha repartido y reparta el capitán Chaves se perpetúen en las personas que se han encomendado y a sus descendientes atendiendo a ser los primeros conquistadores y pobladores y que en la conquista y pacificación han trabajado y gastado mucho a su costa. Y que dicha sucesión sea con cuatro o cinco vidas o más”Los conquistadores tomaban el descubrimiento y colonización de tierras como un negocio, para recuperar su inversión pedían indígenas que trabajen gratuitamente, en sometimiento por varias generaciones. En los hechos, aún cuando se dio la independencia de España y creación de Bolivia en 1825. Muchos pueblos indígenas de tierras bajas, seguían sometidos, mientras que otros continuaban resistiendo, al proceso de “pacificación”Análisis del Himno a Santa CruzEn primer lugar, fue escrito en la década de 1920, alrededor de cien años después de la independencia. El contexto de esa época era los gobiernos oligarcas liberales, que excluían completamente a las poblaciones indígenas. Sus referentes eran las culturas europeas, especialmente Francia e Inglaterra.Entonces, en ese contexto, el Himno a Santa Cruz es un elogio a los conquistadores españoles y no a la independencia de la corona española; como lo es el Himno Nacional de Bolivia.Bajo el cielo más puro de América(Se refiere a la pureza de la naturaleza, sin contaminación)Y en la tierra de Ñuflo de Chávez(La tierra de Santa Cruz, es propiedad de Ñuflo de Chávez, por eso la repartió, no se reconoce en absoluto la existencia de los pueblos indígenas)Libertad van trinando las aves, de su veste ostentando el primorDe las flores el mundo galano, su ambrosía perfumada ofreciendoLa palabra libertad está vacía de contenido, se refiere solamente a la libertad de la naturaleza, a la belleza de la naturaleza, no a una libertad política o independencia de España.La España grandiosa con hado benigno aquí plantó el signo de la redenciónSe alaba al imperio colonial Español y se da el juicio de que era un destino bueno y positivo, seguramente desde su punto de vista, pero significó la destrucción de gran parte de las culturas de los pueblos originarios, la explotación y los abusos. Desde las cruzadas, hasta la conquista de América tuvo una utilización de la religión católica para favorecer a los conquistadores, que no corresponde al mensaje evangélico. La existencia de las torturas en la inquisición de Lima, fueron la máxima expresión de ese proceso, sobre el cual la Iglesia ha reflexionado y lo reconoce. Un sistema más suave fue el de los misioneros jesuitas. Pero en general, el papel de la Iglesia fue apoyo a los abusos de la conquista y eso se reivindica en el himno a Santa Cruz como positivo.En síntesis, al cantar la letra del himno cruceño, estamos alabando al proceso de colonización y no al orgullo de ser independientes. Aunque en una estrofa que no se canta, se menciona a Warnes, no tiene coherencia con el contenido general del himno.Es el momento de iniciar un debate sobre el contenido histórico de los mensajes que transmitimos ya que estamos en otra etapa de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En esta etapa no se puede seguir repitiendo sin analizar, solo así seremos capaces, como cruceños y bolivianos de encontrar nuestra propia identidad en lugar de rechazarnos a nosotros mismos, acomplejarnos de nuestra herencia indígena

Los verdaderos centinelas de la amazonia peruana caen por defenderla

De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*
Indígenas, los verdaderos centinelas de la amazonia peruana, han muerto en un número indeterminado y continúan desaparecidos tantos otros en defensa de su hábitat natural y para impedir que las empresas transnacionales se apropien de la reserva ecológica más importante del mundo y la destruyan, al explotar los hidrocarburos, entre otras las riquezas del subsuelo.
La movilización de aquellos pueblos originarios, que se mantenía el momento de enviar esta nota, a pesar de la matanza, arrancó hace semanas y la causa principal es de tipo material, como las condiciones de vida y de trabajo imperantes allí, así como debido a la concesión del Estado peruano a empresas transnacionales del derecho de exploración y explotación de gas y petróleo, de los bosques y la consiguiente degradación de la biodiversidad (recursos biológicos), propios de la selva amazónica.
Esa selva es, asimismo, el hábitat natural de aquellos pueblos. Allí éstos tienen su territorio, en él buscan autodeterminarse (autonomía) y con las costumbres como normas o derecho consuetudinario para autogobernarse. Los recursos naturales renovables sirven, además, como sustento de aquellas comunidades humanas. Por tanto, el accionar suyo se despliega en defensa de su propia existencia. Se trata de precautelar la vida de los indígenas, el más importante de los derechos humanos, junto a los derechos económicos y sociales.
Las ideas liberadoras, la participación creciente en la política de este tiempo, el ejemplo de la lucha de los pueblos indígenas de nuestra América (en particular de los bolivianos) influyen cada vez en mayor escala y en una más amplia extensión geográfica. La fuerza del ejemplo, en el accionar liberador de nuestros pueblos, es un fenómeno que viene de lejos y no hay fuerza conservadora o reaccionaria que lo impida y, masacres como la de Bagua, tampoco.
La realidad interna peruana es la que gesta la lucha de los indígenas amazónicos de aquel país, como factor esencial, pero sería un disfavor a nuestros pueblos negar la influencia recíproca entre ellos. Accionar que, asimismo, se apoya en convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007.
Sin embargo, culpar al “comunismo internacional” de haber inducido a los indígenas peruanos a la protesta (en la prometedora extensión y profundidad conocidas) es como decir por ellos que “no son ciudadanos de primera clase”. Ambas afirmaciones corresponden al presidente de Perú, Alan García Pérez, con lo que muestra el lugar en el que se encuentra y el papel que desempeña ahora que la mayoría de los pueblos de la región latinoamericana, pese a insuficiencias y fallas, luchan por su segunda y definitiva independencia (confiamos que así sea), encabezados por gobiernos democráticos y populares que se enfrentan, en grados distintos pero convergentes, al imperialismo y las derechas criollas.
La carta de Evo Morales, que contiene ideas que evalúan la lucha de los pueblos indígenas, del pasado y del presente, así como propone otras para la rebelión y la revolución contemporáneas, creemos, pretende: ayudar a la orientación de esos pueblos (reunidos en Puno los últimos días de mayo) y aportar a la elaboración del programa continental de aquellos hermanos y compañeros de infortunios y de batallas por la emancipación verdadera.
Los gobernantes y líderes políticos peruanos que culpan a esa carta, del Presidente boliviano, de agitar a los originarios de la selva peruana, se presentan de cuerpo entero: ellos saben que un mensaje, como el de esa carta, es un elemento que puede acrecentar la conciencia política de los actores de la selva, pero no es ni el único ni el determinante. Que un diputado peruano calcule los gastos de los alzados en la amazonia de su país y afirme que el gobierno boliviano corre con esos gastos, da cuenta de una pobreza de argumentos. Nosotros respondemos que los pueblos ejercerían un derecho si a la solidaridad política acompañan, además, apoyo material. Un día lo harán para financiar, por ejemplo, un bloqueo de caminos. No debemos perder de vista, al menos entre la gente sencilla, que cuando en Bolivia se impulsa una campaña de alfabetización o de salud, con la cooperación de Cuba y Venezuela, se materializa respaldo político y económico. Eso no sólo se debe agradecer (como lo hacemos en estas tierras), debemos explicar que aquella solidaridad evidencia que, las reformas avanzadas que tienen lugar en Bolivia, cuentan con aquel apoyo que necesitamos y al que no renunciaremos, aunque chille la derecha en todos los tonos.
La solidaridad con los indígenas peruanos y, en particular, con los familiares de los caídos y desparecidos que se extiende más allá de nuestra América es algo que incomoda a los gobernantes peruanos porque la exigencia es, asimismo, que esos crímenes que ofenden a la humanidad sean investigados, juzgados y castigados. Es decir, que no queden impunes y que se haga justicia a las víctimas. Por ello, de algo tendrán que estar seguros los autores materiales e intelectuales de la matanza de Bacua: no habrá “ni olvido ni perdón” para ellos. Es que la denuncia de esos crímenes de lesa humanidad debe seguir sin tregua.
El apoyo a los peruanos de la selva alistados en las batallas en defensa de la amazonia nada tiene de injerencia. Las que meten sus manos sucias allí, con bastante frecuencia, son las empresas transnacionales porque en la América nuestra (que tiene abiertas todavía muchas de sus venas) amasan riquezas a costa de innumerables vidas y de horrendos crímenes.
A. García cuando dice que los indígenas “no son ciudadanos de primera clase”, resume el criterio de las clases sociales dominantes de Perú, esto es, de lo más conservador y reaccionario del país vecino. Esa afirmación, digna de enriquecer una antología de la “estupidez política” de la derecha latinoamericana, contrasta con lo que aquellos grupos sociales ganan precisamente con la obra de los incas (también indígenas), como Machu Picchu, acaso el mejor atractivo turístico, el que también genera importantes ingresos para el Estado peruano. Además, los gobernantes de Perú aseguran que promocionan el ecoturismo hacia la selva amazónica de aquel país, lugar en el que la cultura indígena ocupa un lugar preponderante.
El Presidente de Perú dijo, también, que desde fuera de su país se oponen al desarrollo peruano y reclamó que se los deje crecer como los peruanos decidan. Esa es otra falacia de aquel gobernante. Aunque allí se registra crecimiento económico, cabe aclarar que la distribución de esa riqueza nacional no se reparte en una proporción que beneficie a los que más necesitan. Con seguridad de que la mayor parte de esos ingresos llega preferentemente a los sectores pudientes, con lo que se enriquecen más.
Precisamente los indígenas amazónicos y el pueblo peruano que los apoya (con marchas y un paro nacional), se oponen a los convenios económicos entre Perú y Estados Unidos porque advierten que con ellos ganará más este último. Así se descubre el rasgo antiimperialista de los indígenas de la selva peruana que, hasta hace horas, mantenían bloqueada una carretera en la amazonia con el que exigen atención del gobierno a su legítima demanda.
Como resultado de aquella lucha, aunque después de la sangre con la que se tiñe la selva amazónica, los parlamentarios peruanos sólo han suspendido (y no abrogado) la aplicación de una de las normas rechazadas, por 90 días, porque facilitarían la depredación de aquella gigantesca reserva natural.
Como otra demostración de la naturaleza del actual gobierno peruano cabe rememorar otra afirmación de dos voceros suyos: “Teníamos que imponer el orden y la disciplina”, dijo el Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon, en tanto que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, afirmó que “Era necesario restablecer el orden”. Ante aquellas confesiones coincidentes sobran más pruebas: en el Perú gobierna una dictadura constitucional. Dictadura constitucional porque el que allí buscan restablecer (sigue convulsa la selva peruana) es el viejo orden, de explotación y de opresión, el que quieren cambiar los indígenas y todo el pueblo de aquel país.
La línea que aplican los indígenas peruanos, complementada en el último tiempo, fue propuesta por José Carlos Mariátegui cuando dice que: “El problema indígena se identifica con el problema de la tierra”. Y que “La lucha de los indios contra los gamonales ha estribado invariablemente en la defensa de sus tierras contra la absorción y el despojo”. Actualmente se puede hablar del problema de la tierra y del territorio, de éste en particular, como demanda sustancial de los guardianes de la selva amazónica en Perú, a los que con legitimidad se los debe considerar como verdaderos guardianes de aquella reserva de biodiversidad y ecológica para la humanidad, a condición de que seamos capaces de impedir (junto a los indígenas) que las empresas transnacionales la depreden.
La Paz, 13 de junio de 2009.
* Periodista

ONU denuncia que estatuto promueve la servidumbre

La Misión Oficial del Foro Permanente sobre las cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas afirmó anoche que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz promueve, encubre, fortalece y reproduce la práctica servidumbral. La presidenta de la Misión Oficial del Foro Permanente sobre las cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, aseveró que la misión ha advertido indígenas guaraníes del Chaco boliviano cautivos en condiciones de extrema pobreza. "Estamos muy shockeados —dijo Tauli— por las condiciones que existen en el Chaco en Bolivia, hemos visto indígenas que son los dueños originales de la tierra, que ahora se encuentran sin tierra, en condiciones de servidumbre, cautivos y en extrema pobreza". Por su lado, Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, calificó al Estatuto Autonómico de Santa Cruz como el documento que defiende la servidumbre y la práctica análoga de la esclavitud de los indígenas guaraníes en el Chaco cruceño. "Los grupos que encubren —explicó Clavero— estas prácticas que están defendidas en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz han desconocido a las leyes bolivianas, incluso autoridades delante de nosotros han desconocido la Constitución ". Añadió que el estatuto cruceño "atribuye al departamento unas competencias exclusivas dentro del derecho agrario, aparte de que se arroga el carácter indígena conforme al derecho internacional y el pueblo indígena camba de Santa Cruz", y afirmó que este documento votado el 4 de mayo del año pasado "está pensado para encubrir e incluso fortalecer y reproducir la práctica servidumbral dentro de Santa Cruz, no en tal forma los demás estatutos de otros de departamentos. Todo el que ha votado por el estatuto apoya la servidumbre" . La Misión del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas visita Bolivia desde el 30 de abril hasta este 6 de mayo con el fin de estudiar la situación del pueblo guaraní y presentar sus recomendaciones ante la ONU el 18 de este mes. En su séptimo periodo de sesiones, en mayo de 2008, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas formuló la recomendación específica sobre la existencia de comunidades guaraníes en estado de esclavitud en la región del Chaco, situación que fue corroborada por un anterior informe.

Fuente: La Prensa 06-05-09

El terrorismo es un actor político contrarrevolucionario

De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*

La información de la que se dispone permite constatar que, en Santa Cruz el último jueves, se desarticuló a terroristas cuyo probable jefe, Eduardo Rozsa Flores, combatió como mercenario en el ejército croata, en la guerra de los Balcanes, la que acabó con la agrupación de repúblicas que constituían Yugoslavia, un Estado “autogestionario” y parte del entonces campo socialista.
De esos sicarios extranjeros conocemos poco, de los que sobre todo urge establecer (y esperamos se lo haga pronto) por quiénes fueron contratados o “seducidos” para operar en Santa Cruz y en Bolivia, y en favor de qué causa; aunque ciertas evidencias permiten presumir que esa causa no es otra que la de la Nación Camba y de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
Los indicios apuntan, asimismo, a suponer que esos sicarios (quizá otros sigan ocultos) son parte de los grupos armados que, se sabe, se mueven como el pez en el agua en Santa Cruz, con la protección de las principales autoridades regionales, dirigentes cívicos y empresarios que asumen la autonomía separatista, es decir, los que continúan acariciando la separación territorial, de Santa Cruz y otras regiones, respecto de Bolivia.
Acaso sea posible constatar el tiempo de residencia en Bolivia y el momento de las acciones terroristas, así como otro tipo de trajines de esos presuntos o reales mercenarios para ubicar, con la mayor precisión posible, la coordinación suya con la derecha y/o la ultraderecha cruceña y de la media luna, así como el acompañamiento de la conspiración que tiene lugar en lo que va del gobierno de Evo Morales: hablamos de la toma de instituciones estatales y agresiones diversas a pobladores identificados como simpatizantes e integrantes del gobierno y del MAS.
Los abatidos en Santa Cruz (el boliviano Eduardo Rozsa Flores, un irlandés y un rumano) y los detenidos e investigados en La Paz (un boliviano con el grado de capitán del Ejército nacional y un húngaro), por las armas y explosivos de los que disponían y por sus nexos con la Nación Camba y la UJC, se deduce que sirvieron a los opositores de Evo Morales. Cabe esa lectura de los hechos, si se la hace sin los prejuicios, para entender las cosas como son y nunca como lo hace el Prefecto de Santa Cruz el que, suelto de cuerpo, señaló que los presuntos terroristas son delincuentes comunes o, lo que dicen otros, también opositores, que esos probables sicarios son un invento del gobierno o que dentro de ese caso es dudoso el comportamiento de la Policía Boliviana.
Que unas armas (la descubiertas) hayan sido guardadas en depósitos de teléfonos automáticos del campo ferial cruceño, no puede servir para considerar que aquel grupo estaba integrado por simples aprendices, sólo expertos en el uso de armas blancas o por duchos francotiradores. Y aunque algunos analistas reclaman pruebas ya sobre la filiación de los terroristas del grupo encontrado en Santa Cruz, por lo que se sabe, es un destacamento político que recurre al terror como método, incluso para propagar su discurso y la violencia que ejercen.
Los voceros de la derecha, preguntémonos por qué, cuando menos tratan de poner en duda los acontecimientos (incluidos los luctuosos), que preocupan y mucho a la gente con sano juicio de nuestro país. Se duda del enfrentamiento y los que dudan sugieren que a los encontrados en el Hotel Las Américas de la ciudad oriental se los acribilló porque no hay rastros de que ellos se hayan defendido “a tiros” o que el día del atentado contra la casa del Cardenal Terrazas aquellos huéspedes no salieron de ese Hotel, como informó su Gerente a medios de difusión. Habrá que advertir, sin embargo, que ese funcionario, por lo que declaró, parece más un informante en favor de los violentos, en vez de un administrador hotelero.
Otros medios de difusión, especialmente televisoras, entregaron datos sobre las múltiples actividades del posible jefe de los sicarios (que matan a cambio de una paga) con los que destacan el talento de Rozsa Flores o su simpatía por el Che. Se sabe que lo que un medio de difusión dice o calla tiene un determinado propósito: no hay noticia que sea desinteresada y callar el lo mismo que mentir, para decirlo con Espinal.
Lo que no se debe ocultar de Eduardo Rozsa Flores es que, junto con sus padres y su hermana (probablemente la que recogió su cadáver), vivió exiliado en Chile de Allende; luego del golpe de Pinochet, toda esa familia residió asilada en Suecia y acabó, también refugiada, en Hungría. En aquel país, aún socialista, E. Rosas Flores, entre otras cosas, fue miembro de la seguridad estatal (posiblemente militante del Partido Comunista de ese país europeo) y desde allí (1991) partió hacia Croacia donde ayudó, en el “momento preciso” como él confiesa en su blog, a separar a las repúblicas otrora yugoslavas y a sepultar el socialismo que allí aún existía.
Ante lo ocurrido en el Hotel las Américas de Santa Cruz estamos llamados a realizar una lectura correcta de esa realidad. Y en este momento tratar de entender, sin preconceptos, los resultados de las acciones terroristas sucedidas en Bolivia en el último tiempo y, particularmente en Santa Cruz, cuya existencia no se la puede negar. Esas acciones son atribuidas a la célula comandada por Rozsa Flores, cuyas armas de las que eran portadores denuncian, asimismo, que aquéllos eran parte de un destacamento irregular que al menos organizaba acciones bélicas.
El terrorismo individual, el que se desplegó particularmente en Santa Cruz, busca acobardar, desorganizar, desunir, paralizar, anular el quehacer político de la gente del pueblo. El terrorismo persigue, también, que sobre todo las capas medias de la población desprecien la política, siembra dudas ideológicas en sectores de ellas y/o ablandan la conciencia, a veces, de los mejor pintados.
El accionar terrorista tiene como protagonistas, con mucha frecuencia, a ultranacionalistas, racistas, sionistas, fascistas. Acaso para desinformar, y con certeza para causar zozobra, en ocasiones, los terroristas que son el prototipo de gente con un comportamiento antidemocrático, despliegan el terror entre personas de las clases sociales dominadoras y explotadoras, específicamente, contra empresarios o personalidades destacadas.
Asimismo, es la práctica la que se encarga de comprobar que el terrorismo es contrarrevolucionario. Incluso es un ejemplo de la antipolítica, aunque es un actor político.
Como recordó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, al rechazar el atentado a la casa del Cardenal Terrazas, en Bolivia, el terrorismo fue la antesala de golpes de estado. Esta instancia al respecto dijo:
“Durante la dictadura de René Barrientos (1964-1969), el entonces Ministro de Gobierno, en la noche hacía estallar bombos en casas de opositores y partidarios de ese régimen y, al día siguiente, en conferencias de prensa, denunciaba los actos terroristas del “castrocomunismo” y de los extremistas.
Semanas antes del golpe de Hugo Banzer, el Ejército Cristiano Nacionalista (se conoce la confesión de uno de sus miembros), ejecutó actos terroristas preparatorios del golpe sangriento del 21 de agosto de 1971.
Antes del golpe narcofascista de García Meza y Arce Gómez, operadores al servicio de éstos asesinaron a Luis Espiral e hicieron estallar una bomba en El Prado de La Paz, ocasión en la que murió un adolescente y fueron heridos varios de los que asistían a una marcha”.
En ese período de la dictadura narcofascista, operaron en el país los “Novios de la muerte” (paramilitares) con integrantes extranjeros con antecedentes indudables de terroristas.
Ahora, siquiera como denuncia debemos recoger lo dicho por funcionarios del gobierno: que los terroristas de marras tenían entre sus objetivos acabar con la vida del Presidente y Vicepresidiente de la República, y del Prefecto de Santa Cruz.
Apoyados en las afirmaciones prececentes, lo esencial frente a los hechos a los que se refiere esta nota, además del esclarecimiento y castigo a los culpables (previo proceso debido), es redoblar la defensa del actual proceso y la vida de sus dirigentes y militantes más consecuentes que podrían ser los que están en la mira de terroristas los que, con mucha probabilidad, estarán agazapados hasta que se descuide la guardia que debe mantener hacia ellos.
Anticipamos que la muralla contra el terrorismo en nuestro país (que tiene un marcado sello individual), debe ser la lucha organizada, unida y consciente del pueblo.
Más todavía, la actividad de estos días, en primer lugar, de los que apoyamos el proceso y al gobierno (con las críticas inevitables a éste), debe ser nuestra participación en el más amplio esclarecimiento del contenido y la forma del terrorismo que, desde Santa Cruz, desplegó una labor criminal, la que se podría reproducir, en contra de los cambios y del gobierno.
La Paz, 18 de abril de 2009.
* Periodista

La ONU confirma que hubo matanza en Porvenir

De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*

“La histórica problemática de la tierra es uno de los factores que está en el trasfondo de los graves sucesos de Pando”, dice el informe de La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (la Oficina en el texto transcrito), la crisis política desencadenada por el Impuesto Diferenciado a los Hidrocarburos, las tomas de oficinas públicas en la denominada media luna (lo que el gobierno de Evo Morales denomina intento de golpe civil) y los referendos. Aquí reproducimos, sin las notas de pies de página, lo que aquella Oficina informa sobre el 11 de septiembre de 2008 en Porvenir y otros lugares de Pando:
“34. De acuerdo a información obtenida, luego de los primeros hechos ocurridos en la zona de Tres Barracas, vecinos de El Porvenir y partidarios de la prefectura se fueron reuniendo alrededor de una rotonda y en inmediaciones de uno de los extremos de la cancha de El Porvenir, engrosando a un primer grupo que estuvo en vigilia desde la noche anterior. Aparentemente, más gente decidió unirse a la vigilia como consecuencia de la inminente llegada de los campesinos y los rumores sobre la muerte del señor Oshiro y la retención de algunas personas por parte de los campesinos.
35. Según testigos, una vez que los campesinos llegaron a El Porvenir, y mientras la Policía entablaba conversaciones con ambos sectores con la intención de disuadirlos de posibles enfrentamientos, habrían llegado desde Cobija volquetas de la prefectura con varias decenas de personas armadas y una camioneta, también de la prefectura, con armas, varias de ellas nuevas. Asimismo, algunos partidarios de la prefectura habrían rodeado a los campesinos, avanzando por una de las calles laterales y por detrás de donde se encontraban aquéllos.
36. Ante la insistencia de los partidarios de la prefectura de verificar si en los vehículos de los campesinos se encontraban armas y/o algunas personas retenidas en Tres Barracas, personal policial, entre ellos, el entonces Comandante Departamental y una Suboficial de El Porvenir, verificaron si esta denuncia era cierta. La primera persona retenida que fue liberada indicó que había otras en los vehículos de los campesinos. Esto habría provocado que la Policía verificara nuevamente los vehículos, lo que habría derivado en la liberación de otros cinco individuos.
37. Según alegaciones de los partidarios de la prefectura que estaban cerca de la rotonda, estos habrían solicitado en varias oportunidades intervención policial para desarmar a los campesinos. Los campesinos, por su parte, se habrían sentido engañados por la Policía puesto que, según indicaron, el Comandante Departamental les habría prometido que iban a poder pasar a Cobija, pero que tenían que esperar. Esta espera fue interpretada por los campesinos como una forma de entretenerlos mientras los partidarios de la prefectura se organizaban y los rodeaban para atacarlos.
38. Versiones coincidentes señalan que, después de ser liberado el último retenido, comenzaron los disparos, aparentemente por parte de los partidarios de la prefectura desde la calle lateral derecha donde estaban situados los campesinos. Algunos testimonios también coincidentes señalan que, momentos antes de que comenzaran los disparos, la Suboficial de Policía de El Porvenir habría hecho una señal hacia uno de los lugares donde se encontraban los partidarios de la prefectura. Inmediatamente, aquellos habrían empezado a disparar.
39. Según la información e imágenes obtenidas, los disparos masivos de los partidarios de la prefectura provocaron la dispersión de los campesinos en una precipitada huida para salvar sus vidas frente a un ataque indiscriminado con armas automáticas, rifles, escopetas, revólveres y petardos. Algunos escaparon hacia el río Tahuamanu y otros intentaron esconderse en viviendas y locales comerciales. Contra quienes cruzaron o intentaron cruzar el río a nado, se disparó indiscriminadamente. La Oficina fue informada de que algo más de 60 personas (campesinos, normalistas, mujeres e, incluso, bebés) habrían sido rescatadas del río en un bote y trasladadas a una comunidad más alejada de El Porvenir. Algunos de los campesinos también habrían trepado a los árboles buscando resguardo, pero habrían sido atacados por los partidarios de la prefectura que les dispararon.
40. Además, algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente y ejecutados. Es en estas circunstancias que habrían sido asesinados, entre otros, el señor Bernardino Racua Cordero, que habría fallecido a una cuadra del Puente Cocama (El Porvenir) horas después de la balacera por un impacto de bala en el corazón y el señor Diter Tupa Maty, quien fue encontrado muerto en el baño de la casa donde se resguardaba. Según el informe forense, la causa de la muerte de este último fue por trauma cráneo facial producido por arma de fuego. También, según el informe forense, el señor Celedonio Vazualdo García (“Basualdo” se escribe en otro lugar del informe), quien era un destacado dirigente campesino y fungía como presidente de la organización territorial de base en la comunidad Soberanía del municipio de Filadelfia, habría sido asesinado cerca del puente de Cocama por dos impactos de arma de fuego. También otras víctimas habrían sido maltratadas y golpeadas antes de ser ejecutadas. Según los informes forenses, estas personas serían el señor Félix Roca Torrez, campesino de base de la comunidad Londres (municipio de Filadelfia), y el señor Alfonso Cruz Quispe, normalista de Filadelfia.
41. Asimismo, en el material audiovisual revisado se escuchan expresiones de tinte racista contra los campesinos, como “vamos, maten a esos collas de mierda”. Igualmente, se advierte que los partidarios de la prefectura dispararon, quemaron y destruyeron seis vehículos de los campesinos y de la Alcaldía de Filadelfia.
42. La Oficina observa la desproporcionalidad de fuerza que se utilizó para agredir a los campesinos en un ataque frontal.
43. La violencia contra los campesinos se habría extendido hasta el hospital Roberto Galindo de Cobija, donde, según testimonios coincidentes, grupos numerosos de partidarios de la prefectura habrían intentado obstaculizar el ingreso de las víctimas y las habrían amedrentado física y verbalmente, al punto de hacerlas huir sin recibir la atención requerida. El personal médico y paramédico se habría visto, en gran medida, presionado por los partidarios de la prefectura para no brindar el auxilio requerido por los campesinos.
44. Otros campesinos, entre ellos 15 (13 hombres y 2 mujeres) que se habían refugiado en una vivienda, fueron sustraídos del lugar a la fuerza, arbitrariamente aprehendidos, severamente golpeados, retenidos y, luego, trasladados a la sede del Comité Cívico de Pando en Cobija donde también habrían sido brutalmente maltratados. Estos actos podrían ser considerados como tortura, ya que el dolor físico y mental y el sufrimiento habrían sido causados intencionalmente sea para obtener una confesión, con el propósito de intimidación, para coaccionar o bien con el objetivo de discriminar racialmente. Estos actos se habrían cometido por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos del SEDCAM y de la Prefectura de Pando.
45. Algunos medios de comunicación estaban presentes en la zona principal de los disturbios en El Porvenir. Según testimonios recibidos, a los periodistas de uno de los medios de comunicación se les habría dado instrucciones de no filmar a los partidarios de la prefectura que disparaban. Otros, empero, habrían filmado todos los hechos, incluyendo los actos deliberados de malos tratos infligidos a los campesinos.
46. Así también se ha informado que varios campesinos fueron obligados por partidarios de la prefectura a “confesar” ante las cámaras que habían sido mandados por autoridades o personalidades vinculadas con el Gobierno. La forma de obligarlos a confesar fue, según testimonios, con malos tratos, incluyendo disparos a las piernas o amenazas de disparos. Esas escenas de violencia, de manera intencional, no habrían sido registradas por algunos periodistas que fueron testigos de esos procedimientos. Sin embargo, las “confesiones” fueron registradas. De comprobarse, la extracción violenta de estas confesiones constituye un acto de tortura.
47. Hasta el momento y según el Ministerio Público, los incidentes de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de al menos once personas (seis campesinos y tres normalistas: 1. Bernardino Racua Cordero, 2. Diter Tupa Maty, 3. Celedonio Basualdo García, 4. Félix Roca Torrez, 5. Wilson Richard Mejía Miahata, 6. Arnoldo Gonzales Inuma, 7. Wilson Castillo Quispe, 8. Alfonso Cruz Quispe y 9. Jhonny Cari Sarzuri; y dos partidarios de la prefectura: 10. Pedro Oshiro y 11. Alfredo Robles Céspedes) y produjeron aproximadamente 50 heridos, en su mayoría campesinos, de los cuales varios heridos por arma de fuego.
48. Frente a los hechos acaecidos en El Porvenir y en el río Tahuamanu, la Oficina considera que la masacre de los campesinos y normalistas constituye una grave violación a los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la prefectura, funcionarios del SEDCAM miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando.
49. La justicia boliviana deberá esclarecer, respetando el debido proceso, el grado de responsabilidad, por acción u omisión, del ex prefecto del departamento de Pando y de los funcionarios de la prefectura y del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la prefectura que habrían tenido diferentes tipos de participación en la planificación, coordinación, ejecución y desenlace de estos graves sucesos de la masacre de El Porvenir.
50. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de estos mismos actores ante la ocurrencia de varios hechos ilícitos que también deben ser calificados y sancionados penalmente, inter alia, la privación ilegítima de libertad, los tratos crueles y posibles actos de tortura infligidos a varios campesinos, entre ellos, los 15 que luego fueron retenidos en la sede del Comité Cívico en Cobija; la violencia ejercida contra los campesinos en el hospital de Cobija; los actos de discriminación y racismo, también contra los campesinos, así como la destrucción y quema de sus vehículos.
51. De igual forma, la justicia boliviana deberá investigar y establecer el grado de responsabilidad de actores estatales y no estatales, entre ellos, funcionarios de la Alcaldía de Filadelfia y campesinos, respectivamente, que podrían estar implicados en atropellos que pudieran haber acaecido contra los partidarios de la prefectura.
52. Con relación a las alegaciones de que aproximadamente 13 campesinos muertos habrían sido transportados en una volqueta de la prefectura con destino desconocido, así como el asesinato de niños, esta Oficina no ha recibido información que pueda corroborar estas alegaciones. Sin embargo, dada la seriedad de las mismas, la Oficina recomienda a las autoridades del sistema de justicia boliviano que sean investigadas”.
Este informe de la ONU, confirma los de la APDHB, Defensor del Pueblo y Unasur: el 11 de septiembre del año pasado en Porvenir hubo masacre. Asimismo, desmiente tres versiones fraguadas, con certeza, por los defensores del poder regional de Leopoldo y sus amigos y de los otros autores materiales e intelectuales de la matanza: que entonces hubo enfrentamiento, que los campesinos se mataron entre ellos y que el gobierno actual montó en su servicio todo lo ocurrido en Porvenir y alrededores.
La difusión del informe precedente (el reproducido es un fragmento) debe ser una acción urgente porque coincide con los testimonios que entregan los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes de la masacre. Además, es necesaria esa propagación porque, en Pando, los autores de la matanza de Porvenir buscan el olvido o cuando menos desdibujar esos hechos luctuosos que han cambiado sustancialmente las relaciones sociales y políticas en aquel departamento.
La Paz, 28 de marzo de 2009.
*Periodista

¿La CIA dónde deja de conspirar contra cambios que apuntan hacia una nueva sociedad?

De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*

La CIA y otros de inteligencia, organismos financieros, aparatos ideológicos (la llamada industria cultural), ciertos cooperantes tipo voluntarios de paz, agregados militares o sindicales, miembros de sectas religiosas, a veces ciudadanos corrientes y con alguna frecuencia funcionarios de gobiernos latinoamericanos y de Bolivia, cada quien en su trinchera y según su oficio, maquinan las más variopintas acciones para frustrar procesos y cambios, como los que tienen lugar en nuestra América y en nuestro país, y para mantener la dominación imperialista que, en tiempos neoliberales, era casi todopoderosa.
Procesos de reformas o con algún alcance liberador de sello boliviano (Revolución del 9 de abril de 1952, gobiernos de los generales Ovando y Torres, régimen de la UDP), a pesar de las sombras reales y aparentes, en determinados momentos de su desarrollo sufrieron, casi siempre pasivamente, la conspiración imperial. Cuando menos nunca recibieron, del imperio, apoyo ideológico, político y militar para que se consoliden y avancen.
Resulta normal que así sea. Es imposible que cambios que busquen acabar con el viejo orden reciban apoyo de los que hacen todo lo que está a su alcance para derrotar a toda transformación posible en estas tierras. Nadie que esté en su sano juicio debe esperar que la segunda y definitiva independencia de nuestra América y de Bolivia (para repetir aquella acertada consigna) triunfe con ayuda del complejo militar-industrial de Estados Unidos y, por tanto, con la asistencia de organismos como la Central de Inteligencia Americana (CIA).
La hoja de vida de la CIA y la historia de las luchas sociales y políticas de Latinoamérica se encargan de poner en evidencia que aquella agencia tiene como misión esencial la conspiración contra procesos, gobiernos y dirigentes transformadores.
Estos días, algunos medios de difusión bolivianos y correos electrónicos recuentan conspiraciones de la CIA en Bolivia y hablan de ministros de gobierno, especialmente, que según sus acciones desempeñaron labores por encargo de aquella organización de inteligencia o que fueron agentes suyos. De nuestra parte rememoramos dos hechos y nombres difundidos, más antes que ahora: la CIA por encargo de empresas petroleras de EE.UU. organizó la conspiración contra el gobierno del Gral. Alfredo Ovando, a partir de la nacionalización de la Gulf Oil. Co. (17-X-69), que aquel decidió y la mismísima CIA conspiró contra el gobierno del Gral. Juan José Torres, luego de que éste ordenó que se desarticule una oficina de enlaces (comunicaciones) que funcionó anexo al aeropuerto de El Alto y que se conocía con el nombre de Guantanamito. A ex ministros de gobierno de nuestro país, como Antonio Arguedas Mendieta (del Gral Renè Barrientos Ortuño), Jorge Gallardo Lozada (del Gral. Juan José Torres) Alfredo Arce Carpio (de Hugo Banzer Suárez), se los considera operadores de la CIA en Bolivia. Incluso a Arguedas se le concede las funciones de agente doble. A esa lista, nada decorosa, añadimos al obispo católico, Kennedy, que fue Nuncio Apostólico en La Paz, durante gobiernos del MNR y al cura Sulliván, que apoyo a “demócracristianos revolucionarios” en Cochabamba y a los que dejaban el PDC y adherían al mirismo de entonces.
Que un agente de la CIA se haya introducido en YPFB no es la novedad sorprendente, la noticia sería que se confirme que es agente de esa agencia. Mas se corre el riesgo de que nunca se llegue a descubrir con exactitud el papel de aquel posible agente de la CIA en la empresa estatal de los hidrocarburos y en otros lugares de los que se habla. Quizá una desclasificación de documentos en Estados Unidos ayude a la comprobación que ahora se intenta.
Sorprende, asimismo, la escasa o ninguna vigilancia de los organismos de seguridad del gobierno que, al parecer, fueron burlados por un agente (si en verdad es o si fue). Esa presumible falta de vigilancia debe preocupar tanto o más puesto que el probable agente de la CIA en YPFB asume la gerencia de comercialización de carburantes nada menos que por encargo del principal ex ejecutivo de esa empresa estatal.
Cabe una pregunta: ¿Por qué el ex Presidente de YPFB (detenido preventivamente) protegió al posible agente de la CIA, luego de que el presidente Morales le sugirió que lo destituya? La tolerancia de Santos Ramírez, con el presunto agente de la CIA, se puede entender como complicidad, lo que es muy grave en el comportamiento de un funcionario público que recibió el encargo de asegurar los mejores resultados en la más importante empresa estatal de los hidrocarburos.
La denuncia del Presidente de la República sobre el posible agente de la CIA, infiltrado en YPFB, si se la lee sin prejuicios (lo que es muy difícil), se debe entender como que aquel agente dificultó la comercialización de carburantes y que provocó la escasez de aquéllos.
Sin embargo, la interpretación de los opositores (matices más o menos) es que Evo Morales inventó al agente de la CIA con la intención de favorecer a su amigo y compañero de partido Santos Ramírez. Pero en el bloque gubernamental no se debe esperar que sus opositores lean la realidad o las declaraciones del Presidente con los ojos de los más lúcidos dirigentes de los movimientos sociales que apoyan al proceso y al gobierno.
Sí creemos que los gobernantes, como en otros casos, deben ser discretos respecto de los presuntos actos de corrupción en la estatal hidrocarburífera. Tienen que dejar de hablar lo que se puede entender como defensa de Santos Ramírez. Éste es el llamado a ocuparse del juicio criminal que le espera. El daño político al proceso y al gobierno, la lesión económica al Estado y a los bolivianos, provocado por los actos irregulares ocurridos y denunciados en YPFB, son gigantescos y se advierte que tienen proyección estratégica. De cómo se investigue, procese y condene a Santos Ramírez y a los otros involucrados dependerá, por ejemplo, el resultado electoral del 6 de diciembre de este año. Por ello, está planteado para el gobierno y para quienes apoyamos a éste y a los cambios revertir, en todo lo que seamos capaces, aquella lesión ocasionada por los actores de los delitos que se imputan y que aparentemente se cometieron durante la administración encabezada por S. Ramírez en YPFB.
Nadie debe sugerir siquiera que aquel probable agente de la CIA le hizo meter las patas y las manos a Santos Ramírez. Si acaso éste fue doblegado por aquel agente habrá que concluir en que el ex Presidente de YPFB carece de ideas transformadoras, que es un político sin vocación de servicio a la gente del pueblo y que su ética (si se la puede llamar así) tiene la avidez de sus bolsillos. Estaremos, por tanto, ante un personajillo indecoroso y sin principios, sujeto a la oferta y a la demanda, que sucumbió ante las taras del mercado capitalista al que se debe remplazar, según la prédica más exigente de los que impulsan los cambios de verdad.
En otras palabras: ni el Presidente de la República, ni el MAS, ni los movimientos sociales, ni los aliados de aquéllos deben defender, ni indirecta ni directamente, a Santos Ramírez y a los otros posibles mezclados en el caso YPFB.
Una vez más de nuestra parte decimos que como en Bolivia no existe el fusilamiento para Santos Ramírez, se le debe imponer la cárcel. Los indicios son suficientes como para convencernos de que él es y que otros son culpables. Debe seguir el debido proceso y todo trámite que determinan las leyes, pero también es cierto que Santos Ramírez tiene abogados y no necesita otros de oficio u oficiosos. Además, que aquél cuando menos tenga el coraje de asumir su defensa ante los tribunales de justicia.
En vez de intentos destinados a defender (directa o indirectamente) a Santos Ramírez esperamos de los gobernantes un comportamiento autocrítico. Si la CIA penetró al gobierno, sea en el Palacio Quemado o en la más modesta de sus oficinas, lo primero que tendrían que hacer los gobernantes es redoblar la guardia para que ninguna infiltración sea posible de aquí hacia adelante. Y los distraídos que no puedan descubrir la penetración de los enemigos del proceso y del gobierno, en sus filas, tendrían que pagar con el cargo tamaña falta cometida.
A nosotros nos preocupa y mucho que este gobierno sea poblado por agentes encubiertos que tienen por tarea operar en su contra. Pero nos preocupan otros “infiltrados” (o equivalentes), como los “cuadros” (dirigentes) del MNR que son parte del gobierno, según confesión de la actual jefa de ese partido (La Razón del 9 de abril de 2007). Asimismo, nos preocupan tanto o más otros funcionarios del gobierno o del Ministerio Público que operan como si fueran infiltrados y que con sus actos perjudican al gobierno. Respecto de estos otros infiltrados también es necesario montar guardia, una que no se duerma.
Empero, la conspiración del imperio debe ser vista como conjunto, no sólo como una solitaria labor de un agente encubierto de la CIA, aunque en una empresa estatal estratégica. Aquella conspiración es parte de otra gigantesca: la ideológica, de todos los días, que presenta a Bolivia como un país en el que de manera general se respetan los derechos humanos, pero que se violan otros derechos y que la producción de cocaína creció tanto en Bolivia que amenaza al mundo todo lo que, además, es amplificado por la mayoría de los medios de difusión que no tienen como límite la responsabilidad, tal como determina un convenio firmado por gobiernos de las américas. Se suma la crisis financiera que llega a Bolivia, aunque no sea todavía en la intensidad temida. No se debe descartar, asimismo, un sabotaje a le economía boliviana, la CIA sabe cómo hacerlo. La industria cultural, de la que son parte los medios de difusión, de manera global pretende inducir a pensar (a los bolivianos) en intereses ajenos a los propios y en el estilo de vida estadounidense. El inventario podría seguir. Pero digamos que ningún reduccionismo ni maximalismo sirven como orientación correcta. Ni todos los diplomáticos de EE.UU. son agentes de la CIA, ni ésta es sólo una agencia seductora sin armas para la conspiración contra los cambios que apuntan a la articulación de un Estado y de una sociedad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es lo que buscamos en Bolivia.
La Paz, 28 de febrero de 2009.
*Periodista.