La batalla política se extiende a la justicia ordinaria

Remberto Cárdenas Morales
En este momento en Bolivia que cuenta con un proyecto de nueva Constitución Política del Estado, los recursos legales que utiliza la defensa de Leopoldo Fernández, como los hábeas corpus, están destinados a conseguir que a él se le siga un juicio de responsabilidades (uno de privilegio) en vez del proceso criminal ordinario, como el que le iniciaron los familiares de los estudiantes normalistas asesinados en Porvenir y otros procesos que anunciaron víctimas de sus presuntos crímenes e instituciones, como la Asamblea Permanente de los Derecho Humanos de Bolivia, que se sienten lastimadas por aquellos delitos de lesa humanidad cometidos por el ex Prefecto de Pando, según testimonios abundantes.
Sólo cuando se vive despistado se cree que los miembros del Poder Judicial (parte del Estado) son independientes en sus decisiones y que, por tanto, sobre aquéllos no cuentan los poderes político y económico, entre los más visibles.
En Bolivia jueces y fiscales (reconocemos excepciones) deben sus cargos a los partidos políticos porque fueron nominados como resultado de acuerdos que dieron lugar a cuotas en tribunales ordinarios y Ministerio Público, por lo que tienen una marcada definición ideológica y política. De ello se desprende que los fallos y requerimientos de unos y de otros obedecen a su filiación política y/o al compromiso ideológico.
Con palabras de la gente del pueblo que interpreta el comportamiento del Poder Judicial: es favorecido por la justicia el que la puede comprar y el que cuenta con muñeca.
Es que el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional… son parte de la institucionalidad y de la legalidad del Estado, todavía en crisis, al que en el actual proceso de transición se busca sustituir o al menos reformar en la medida en que la correlación de fuerzas sociales y políticas lo permitan. Esas instancias, en rigor, fueron pensadas y articuladas para servir a otro Estado o a otra fase estatal. Esas instituciones, al fin de cuentas, no existen para defender los cambios de este tiempo y menos para asegurar su avance.
Las leyes bolivianas, aunque contienen instituciones avanzadas, en lo esencial reflejan relaciones de dominación y de explotación, por lo que son escasamente democráticas. En verdad, muchas de ellas fueron aprobadas para garantizar el orden neoliberal (capitalista e imperialista) que agoniza, pero que se empeña en sobrevivir. El derecho y el estado de derecho son conservadores, existen para asegurar la existencia del orden social injusto, vigente todavía en diversas zonas de la formación social boliviana. Los administradores del derecho y del estado de derecho tienen como misión fundamental la preservación del viejo orden y al menos se proponen dificultar los cambios destinados a sepultarlo.
En los tribunales y con fiscales de aquella factura, los recursos legales que utiliza la defensa de Leopoldo Fernández, como los hábeas corpus, pretenden conseguir que aquél sea favorecido con un proceso de responsabilidades, en vez del juicio criminal por terrorismo y asesinato que le siguen los deudos de los estudiantes normalistas caídos en Porvenir.
El ex Prefecto, ante periodistas que le son políticamente afines o nada adversos (su esposa también), admite como única culpa haber ordenado que se usen los equipos del ex Servicio Nacional de Caminos (ahora ABC) para que los funcionarios de la Prefectura pandina caven zanjas para impidir el paso de los campesinos que marchaban rumbo a una reunión suya a realizarse en Cobija. La esposa de la ex autoridad, con una dudosa actitud angelical, agregó que su esposo quería la “conciliación” para que no haya enfrentamiento. Se advierte que la confesión respecto de esa culpa está destinada a que se crea que Leopoldo Fernández dio aquella orden, en “ejercicio de sus funciones”, para que en base a ese cargo se le instaure juicio de responsabilidades.
La primera fase de la batalla legal del ex Prefecto, ante tribunales y fiscales obedientes al viejo sistema, pretende conseguir no sólo el juicio de responsabilidades sino ningún proceso porque, como la vida demuestra, hay dudas sobre el inicio y no se puede conocer el momento que acabe un juicio de privilegio como ése.
Sin embargo, entre víctimas e instituciones que defienden los derechos humanos se advierte claridad sobre una estrategia jurídica o parte de ésta que se resume así: juicio o juicios criminales contra L. Fernández y si esto no es posible, debido a los favores con los que contaría ex Prefecto, se abrirá la posibilidad de un juicio por genocidio, un delito que lastima a toda la humanidad, ante la Corte Penal Internacional de La Haya , en base al Estatuto de Roma, convenio del que el Estado boliviano es firmante.
Cabe un apunte más sobre el anterior párrafo: si jueces y fiscales ayudan al ex Prefecto de Pando a que se libere del juicio criminal ordinario que merece, según todos los antecedentes, quedará más a la vista que el Poder Judicial vive una crisis que no remontará, es decir, su venalidad será entonces más inocultable.
Una constatación es posible: la lucha política ahora, mucho más que antes, invade los estrados judiciales. Parafraseamos al general prusiano Clausewitz: en este momento la lucha política se prologa a la justicia ordinaria con diversas maniobras y acciones, cuyo acusado principal es el ex Prefecto de Pando, aunque también deben ser demandados, creemos, sus principales cómplices, además de los operadores suyos que ejecutaron la matanza de Porvenir y que, ahora, todavía mandan en innumerables lugares de Pando, aun con estado de sitio. Además, es necesario registrar la confesión que aparece en la revista Poder y Placer: luego de levantado el estado de sitio hay temor por la venganza que podrían cobrar los sicarios de L. Fernández, por él y por sus socios políticos y económicos.
Si acaso surgen dudas sobre la prolongación de la política en los estrados judiciales sería conveniente que se mire hacia las acciones que tienen lugar en las puertas del Penal de San Pedro en La Paz por cuenta de los familiares de las víctimas de los crímenes del chacal de Pando y la amenaza de la esposa de este último con un ayuno voluntario, de ella y sus hijas, en las puertas del Defensor de Pueblo para conseguir que su esposo sea trasladado a Sucre para que allí, con maniobras mediante, sus amigos lo salven del juicio criminal y de todo proceso.
Ante las dudas sobre las maniobras jurídicas favorables a L. Fernández sólo enumeramos las últimas:
—A pesar de un hábeas corpus que se declara improcedente y aunque éste adquiere la calidad de cosa juzgada (por la que no cabe otro recurso similar por el mismo asunto), los jueces de Sucre admiten otro hábeas corpus y lo declaran procedente.
—No se notifica a demandados con el segundo hábeas corpus y se realiza el proceso en ausencia de aquéllos (lo que es irregular), con lo que se impide el debido proceso porque en la única audiencia se impide que los recurridos se defiendan y así se lesiona su derecho a la defensa.
—Los jueces de Sucre ordenan el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre (camino a su liberación), con lo que anulan lo actuado por un juez paceño al que la defensa del ex Prefecto le reconoció jurisdicción y competencia, por lo que debe atender el caso. Esos jueces generosos le dan lo que pide Fernández e incluso más.
En suma, ante la legalidad se impone la ilegalidad. Así también discurre, de modo particular, la lucha de clases en los tribunales ordinarios. En éstos discurre la lucha de los pobres, en contra de los ricos. En Bolivia de la transición, en la que los postergados durante siglos son actores de primera línea, la lucha política penetra todas las grietas de la patria, pero para restañarlas y cicatrizarlas.
La Paz, 1 de noviembre de 2008.
* Periodista