martes, 5 de octubre de 2010

Expropiar medios racistas y discriminadores sería revolucionario

De sábado a sábado

El Presidente del Estado Plurinacional “sugirió” que la mayoría masista en el Senado apruebe el proyecto de ley para combatir el racismo y la discriminación en el que se dispone (artículo 16) que los medios que difundan ideas racistas y discriminadoras serán sancionados con multas y con la suspensión de la licencia de funcionamiento, según reglamento.
La suspensión de la licencia de funcionamiento de un medio, por una transgresión como la anotada, es un tipo penal nuevo en el país. La Ley de Imprenta, vieja pero con encantos, sanciona las faltas de imprenta con multas económicas y establece juicio criminal por calumnias es una norma especial (con procedimiento incluido) sigue en vigor. Esto último recordamos porque ninguna institución jurídica o ley son abrogadas por ser viejas. La disposición: “No hay censura previa” en Bolivia, viene de la primera Constitución Política del Estado boliviano pero sigue en pie, pese a sus 185 años de vida. El artículo 16 de ese proyecto sugiere censura previa, pero ningún censor podría determinar que una idea, por racista y/o discriminadora, no se publique porque eso sería inconstitucional.
Sobre la necesidad de una ley para combatir el racismo y la discriminación, una vez más dejamos constancia de nuestro acuerdo con ella, la que sigue el trámite de rigor en el Senado. Sin embargo, si permanece la misma forma de producir en Bolivia, será mucho más difícil y quizá imposible vencer el racismo y la discriminación, con esa ley. Entre el pueblo se cree que con la aplicación de las leyes se resuelven los problemas. Sin embargo, es imprescindible decir que las leyes, bien aplicadas, pueden ayudar a resolver problemas, como el racismo y la discriminación, pero si no se combaten y se superan las causas materiales (económico-sociales) y las culturales que las provocan o determinan, no habrá la solución integral que se busca.
Añadimos que la aceptación de aquel proyecto de ley (en nuestro caso con excepción del artículo 16) no quiere decir abstenerse de críticas que buscan situar con claridad sus fortalezas y anotar sus debilidades. Éstas para que se las corrija antes de su aprobación.
José Martí, al que quizá se le escuche, en sus trabajos sobre Nuestra América, nos deja enseñanzas que nos pueden servir para el debate, insuficiente, que se libra sobre aquel proyecto de ley. Leamos al Maestro que escribió sobre el racismo de blancos y de negros y, sobre todo, del racismo antiindígena:
“¿No es acaso evidente que América fue paralizada por el mismo golpe que paralizó a los indios?” Su respuesta: “Y hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien América”.
Específicamente, sobre el racismo blanco y negro, el autor del ensayo Nuestra América, dice: “Hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. (…) De racistas serían igualmente culpables: el racista blanco y el racista negro”[1]
Esta última cita, guardando las distancias de espacio y de tiempo, si se toma en cuenta el método martiano para leer la realidad, tendría que servir a los que consideran que el peón de una empresa constructora, por ejemplo, no discrimina al gerente de aquélla. En las condiciones de un régimen en el que dominan las viejas clases sociales poseedoras, el racismo y la discriminación predominan de arriba hacia abajo, de los dominadores hacia los dominados, pero éstos o sectores suyos se comportan racistas y discriminadores, sobre todo, cuando ejercen algún poder, como sucede ahora en Bolivia.
Esta última afirmación nos da pie para afirmar que en una sociedad como la nuestra (las de Latinoamérica y el Caribe), se sobreponen las diferencias y la lucha entre las clases sociales, como factor determinante, a las que se suman como contradicciones secundarias, el racismo y la discriminación. En otros términos, no es la lucha de razas la fuerza determinante de los cambios en una sociedad como la boliviana. Sin negar que el racismo y la discriminación influyen, éstos no determina por sí mismos, como sucede con la lucha de clases.
En otra nota dijimos y reafirmamos: Los opositores al proyecto de ley del que hablamos mascullarán su ira, pero no dirán abiertamente sus diferencias, aunque probablemente son pocas. Acaso ahora se han “clandestinizado” o permanecerán en las sombras hasta que aclare.
Si la inmensa mayoría de los bolivianos compartimos la necesidad de una ley antirracista y antidiscriminadora, ése es un punto esencial del consenso (consentimiento y no unanimidad), por lo que, razonar a partir de una lectura analítica de nuestra realidad y establecer acuerdos, tendría que ser la pauta que guíe nuestros pasos. Aquéllos parecen difíciles, precisamente, porque se confrontan formas de ver el mundo y la vida que expresan intereses materiales, en rigor irreconciliables. Y casi siempre se imponen los que tienen más fuerza social y política (militar y policial), la que aquí se presenta como mayoría parlamentaria suficiente para aprobar aquel proyecto de ley que determina el cierre de medios racistas y discriminadores.
Se han hecho precisiones sobre la responsabilidad individual en la comisión de un delito porque es verdad que incluso cuando hay asociación para delinquir no desaparece la responsabilidad individual y ésta se la castiga, previo proceso debido. De modo que, según la ley, no es posible penalizar a un medio de difusión por las culpas racistas y/o discriminadoras de uno de sus dependientes y menos por el delito de un entrevistado.
La actual democracia, como forma de dominación (no es otra cosa la democracia), es todavía limitada en Bolivia, pese a los cambios. Es decir, la democracia contemporánea no es aún del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aquélla será un punto de llegada. Debido a los límites de la democracia, ahora, se reclama el respeto de los derechos de las minorías. Éstas a menudo se quejan sin dolor, lo que es habitual en el sector social, enemigo de los cambios verdaderos. La mayoría, además, puede y con frecuencia se impone. Lo que importa y mucho es que cuando la mayoría manda, lo haga en beneficio efectivo de esa mayoría y no sólo de grupos menores que forman la mayoría.
En el caso que nos ocupa, no debemos perder de vista que entre los gobernantes o asesores de éstos, es decir, los influyentes del actual gobierno sostienen que los únicos opositores a él y a los cambios son los medios de difusión (o la mayoría de éstos) a los que urge derrotar. Hace falta debatir esa tesis, pero preliminarmente cabe decir que la derrota de la mayoría de los medios, opuestos a los cambios, sólo será posible cuando el pueblo venza al sistema (capitalista, dependiente y atrasado) todavía dominante. Debemos entender, asimismo, que el poder de esos medios es el de sus dueños, esto es, de los sectores sociales todavía pudientes y todavía dominantes, aunque se les haya recortado su poder sobre todo político, porque el económico en importantes sectores de la economía sigue casi intacto.
En cuando al cierre de medios (suspender la licencia de funcionamiento) nada tiene de avanzado ni de revolucionario. No es ni lo uno ni lo otro dejar a los trabajadores de un medio sin trabajo y sin voz, aunque la palabra de los dueños de esos medios es la de los dueños de modo preponderante. No obstante, el cierre de un medio aunque afecte a sus propietarios, éstos no se los podrá callar con una medida administrativa. Más aún, si de veras se quiere defender, consolidar y profundizar el actual proceso, lo aconsejable es que se expropien los medios o se recuperen las licencias de funcionamiento y se los transfiera a título gratuito y en propiedad colectiva a los trabajadores del medio sancionado o a universidades públicas, previo proceso y de acuerdo a reglamento. Sería inteligente suprimir el artículo 16 antedicho y continuar el debate sobre el tema cuando discutamos el proyecto de ley sobre medios.
Si algunos estiman que no se cuenta con la fuerza para esa expropiación, vale la pena que se persuadan de que con esas medidas cambiaría la correlación de fuerzas en favor del proceso y del gobierno. El cierre de un medio, en cambio, también puede cambiar la relación de fuerzas pero en beneficio de los opositores a la transición boliviana. De lo que se trata es de sumar, sumar y sumar fuerzas para los cambios y para el gobierno, jamás hacer lo contrario.
“Gobernar obedeciendo” quiere decir, además, algo infaltable en un gobierno democrático y popular: escuchar al pueblo y cuando éste marcha en contra de sus intereses, lo que también ocurre, aportar al esclarecimiento de posiciones, pero con ideas avanzadas y revolucionarias.
Oruro, 3 de octubre de 2010.

Remberto Cárdenas Morales
*Periodista


[1] José Martí. Nuestra América, La Revista Ilustrada de Nueva York, 10 de enero de 1981, el Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. http://www.analitica.com/bitlio/jmarti_america.asp
Boaventura de Sousa Santos. Nuestra América: reinventando un paradigma (Fragmentos), revista Casa de las Américas 237, octubre-diciembre, 2004, La Habana, Cuba.

viernes, 11 de junio de 2010

Bartomeu Melia


“Pensar la cuestión indígena exige de todos nosotros una reconversión de categorías y tomar distancia de nosotros mismos. No se trata solo de devolver tierras sino de respetar territorios donde otros modos de vida y de organización social y política sean posibles. Lo que parecen utopías son espacios reales donde la calidad de vida es un hecho cuando se han respetado las condiciones necesarias. Los pueblos indígenas son memoria de futuro, no harapos de un pasado sobrante del que uno puede deshacerse alegremente. Sobre todo en ecología y medio ambiente, las grandes áreas y territorios indígenas se manifiestan como reservas de gran valor para el futuro del país. Si no hubiera indígenas, habría que inventarlos.”

lunes, 10 de mayo de 2010

Bolivia: ¿Confrontación de pueblos, de regiones y de clases ?

Remberto Cárdenas Morales*

Que la gente del pueblo de la misma región, Caranavi y Alto Beni, se enfrente por una planta industrializadora de cítricos, entre otras cosas, revela: falta de dirección política, carencia de una organización correlativa, división en vez de unidad y limitada o falta de conciencia política y hasta de conocimiento respecto de las posibilidades y limitaciones de las reformas que todavía se impulsan en el país.
El enfrentamiento entre pobladores de la misma región porque una fábrica será instalada en Alto Beni en vez de Caranavi, demuestra que no es una disputa sólo entre dirigentes porque allí, los actores que no “pasan a la clandestinidad”, son los pueblos o fracciones fundamentales de aquéllos, lamentablemente, acabó con la vida del estudiante Mario Fidel Hernani (19 años) que entendió —tenemos derecho a suponer— que por aquella causa valía la pena no sólo “gastar la vida por los demás” sino entregarla sin reservas. Poco antes del cierre de esta nota se informó de la muerte, con tres balazos, de un segundo joven, también, en Caranavi.
La gente sencilla reprueba la pasividad del gobierno porque no buscó salidas al bloqueo de Caranavi tras que empezó, incluso preguntan por qué no se anticipó al conflicto.
Con Gramsci afirmamos que la hegemonía es dirección y dominación, a la vez, pero que un gobierno dirige a los que lo apoyan y domina a los opositores, y ésta (la dominación) la consigue con el uso de la fuerza si se la necesita. Para desbaratar los bloqueos de Caranavi el gobierno recurrió a la fuerza del Estado, pero ¿por qué domina a los que tendría que dirigir? o ¿Por qué los gobernantes no alcanzan a dirigir a los que son (o eran) votantes de Evo Morales?
La Red Uno mostró, al parecer, un salón de caza y que, ufano, quien lo empuñaba también lo mostró como si fuera un trofeo ganado en una competencia deportiva. Ése quizá sea un hecho aislado del que no se debe deducir que allí actúan pelotones armados o que el gobierno decidió desarticular “un movimiento político armado”, como dijo el ministro de Gobierno. Para confirmar o descartar una afirmación como ésa se debe investigar en serio, como tiene que ser una averiguación verdadera: reconocer la información antes obtenida y descubrir un nuevo conocimiento. Los defensores de los derechos humanos tienen una nueva y compleja tarea.
Un decreto gubernamental que dispone el 5 por ciento de “aumento” o reposición salarial, como mínimo, que deben desembolsar los empresarios a sus dependientes, pero que sugieren conseguir un mayor incremento, en cierto modo oculta la lucha económica (reivindicativa) de los trabajadores fabriles que la deben librar ante sus patrones.
En este tiempo de Evo los empleados públicos no recibieron aumento de sueldos, salvo el año pasado que se les pagó un bono de Bs 1.000, a los que percibían menos de Bs 3.000.
Cuando afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), influida por el MAS, dicen que no permitirán la marcha de la COB de Caracollo hacia La Paz, que empezará el próximo lunes 10 de acuerdo a sus organizadores, aunque se trate sólo de una amenaza pensamos que la derecha y la Embajada de EE.UU. en Bolivia, desean con ansiedad que se materialice, lo que sería francamente criminal. Pensarlo ya es reprochable.
Las huelgas de hambre de los militantes de UN sólo merecen una repuesta política porque esas medidas son explícitamente políticas.
Esposas de policías también ayunan por mejores destinos de trabajo para los suyos y un incremento mayor de sueldos, lo cual complica más el momento crítico que transcurre en el país.
Ante esos acontecimientos —también luctuosos—, medios de difusión afirman que la “conflictividad” ha vuelto a Bolivia o que aquí acabó la paz. Sobre esta apreciación preguntamos: ¿Cuándo no hubo resistencia y/o lucha del pueblo boliviano contra la explotación y opresión o para derrotar a dictaduras militares y fascistas y/o a regímenes neoliberales?
El conflicto definido como oportunidad para que se resuelva mediante el diálogo y la negociación y que, además, no desaparece sino que se transforma, pese a que se presenta como alternativa a la teoría y a la práctica de la lucha de clases, basta para desmentir lo que se habla de la conflictividad boliviana. Otra versión grotesca de aquella voz: culpa a Evo Morales de la confrontación y de que ésta se agudice.
La lucha de clases es determinada por factores económico-sociales, aunque es cierto que las clases sociales y las personas influyen en aquellas batallas clasistas.
A Marx, cuyo natalicio recordamos el 5 de este mes, también lo culparon de que descubrió a las clases sociales y a la lucha entre éstas, pero él resumió su aporte así: “Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción (…); 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases”.
La lucha de clases en Bolivia, de estos días, se manifiesta con las huelgas de hambre de fabriles en varios lugares; con los bloqueos de caminos en el norte de La Paz (desbaratado, en parte, por la fuerza policial ayer viernes), el de Quillacollo en Cochabamba y los de La Huachaca, en la carretera La Paz-Oruro; en los ayunos de militantes de UN en defensa de asambleístas departamentales que ellos creen les arrebató la Corte Nacional Electoral, para beneficiar al MAS; en el ayuno de las esposas de policías; en las marchas de trabajadores de La Paz (incluidas las del 1 de enero) y las bombas molotov que estallaron; se suman las marchas de los universitarios en defensa de la autonomía (en realidad, para preservar un bono de antigüedad que les beneficia como segundo sueldo básico; en las marchas de los médicos que dicen defender la sindicalización. Esas acciones tienen contenido político y se las enfila contra el gobierno. Los trotskistas, que dicen que Bolivia se llena de ellos, consideran que han generado la línea que algunos aplican, quizá sin advertirlo. Un vocero de esa tendencia dijo que la marcha paceña del 1 de mayo mostró que los asalariados se diferencian del gobierno actual y que confían en que los asalariados recuperen su independencia. Derrocar a Evo ahora no está en agenda, pero sí se busca el mayor deterioro suyo, aunque es cierto que huelgas generales indefinidas de los trabajadores en Bolivia se han ejecutado para tumbar gobiernos, como dijo el Vicepresidente.
Los asalariados bolivianos no tienen por qué dejar de luchar por sus derechos legítimos: a una renta digna como reclaman, a que las conquistas sociales sean incorporadas a la nueva legislación del trabajo, a que todos los que trabajan se organicen sindicalmente (incluidos los empleados del Estado), a recibir los mejores salarios que la economía boliviana lo permita para empezar a vivir bien, a que sigan como realidad las conquistas sociales que son irrenunciables.
Es inaceptable que los trabajadores, en el inmenso escenario de la lucha por sus derechos legítimos, confundan el blanco y que esperen que el gobierno les consiga incluso el aumento salarial que deben arrancar a los empresarios, pero con su accionar, en primer lugar. En otros palabras: las huelgas de hambre de los trabajadores fabriles tienen que dirigirse contra los empresarios, jamás contra el gobierno. En rigor, el decreto gubernamental que ordena el pago de la reposición del poder de compra de los salarios es una gestión administrativa del gobierno que va más allá de sus obligaciones. Los fabriles alegan, lo que es una media verdad, que cuando un decreto supremo dispone un porcentaje de aumento o reposición salarial, los patrones se niegan a conceder un aumento mayor. Ante esa media verdad la pregunta es: ¿Acaso los patrones son tan comedidos que obsequian a sus trabajadores las llamadas conquistas sociales? ¿Los trabajadores bolivianos conseguirán aquellos “regalos” sin lucha que consiga esas conquistas sociales?
Un ministro ha dicho que en lo sucesivo la política salarial del gobierno será discutida con los trabajadores. Se le debe tomar la palabra a ese funcionario público, lo que también nos lleva a preguntar ¿por qué la actual política salarial es indiscutible? Otra pregunta: ¿Por qué un gobierno del pueblo pretende que los asalariados paguen, aunque sea en parte, la inversión fiscal?
La lucha de clases en todas sus fases: económica, política, ideológica e incluso cultural, debe seguir su cauce natural y sin árbitros oficiosos los que a veces ni alcanzan a moderarla. Por ello, resulta de mal gusto que un Viceministro del gobierno sugiera que el salario, ante su limitada y disminuida capacidad de compra, sirva para vivir con pan y café. Entre ese ofensivo consejo y lo que dijo Luis García Meza: “Viviremos con chuño y charque”, los 20 años que soñaba que gobernaría dictatorialmente, hay un parecido inconfundible. Cuando escuchamos declaraciones de ese Viceministro, que tuvo varias militancias políticas, constatamos que la política que todavía tiene contenido democrático y popular la ejercen politicastros (políticos ineptos) como aquel servidor público, de los que esperamos salvarnos.
La amenaza de líderes campesinos, adeptos al gobierno, de impedir la marcha de la COB desde Caracollo a La Paz, tiene que ser retirada expresamente. Además, los campesinos nada deben impulsar en contra de los trabajadores con los que, a pesar de los desencuentros y enfrentamientos actuales, tienen que buscar alianzas sostenidas para defender, consolidar y profundizar los cambios.
Evo Morales, apoyado en el liderazgo que ejerce (aunque se deteriora a un ritmo que tendría que preocupar), debe introducir un ajuste esencial en la política que impulsa: para que el gobierno de veras sea del pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Y nada de medias tintas.
El diálogo sindicalistas-gobierno de estas horas debe servir para resolver problemas y la pacificación que se demanda en Caranavi y Alto Beni tiene que ser con soluciones.
La Paz, 8 de mayo de 2010.
*Periodista

lunes, 5 de abril de 2010

Los aliados que rechaza y los que acepta Evo Morales

Dentro de la transición boliviana empieza la división de las fuerzas políticas y sociales que la apoyaban desde sus orígenes, la que se extiende al pueblo, a pesar de que se admite, en el mundo y también entre nosotros, que ninguna revolución ni las reformas avanzadas han triunfado sin unidad amplia y profunda del pueblo y de todos los que efectivamente respaldan los cambios. Asimismo, ha sucedido (y en Bolivia otro tanto) que contingentes crecidos de hombres y mujeres y/o personalidades se incorporan al bloque gobernante después de la victoria: unos luego de una autocrítica o por el camino derecho y otros por mero oportunismo, tras de ventajas personales.
Martha Harnecker, a la que esperamos le escuchen especialmente los gobernantes y antes que todos Evo Morales, ha dicho en su estancia reciente en La Paz que la transición boliviana es pacífica y que por eso se necesita ampliar las fuerzas motrices del actual proceso y conseguir más aliadas de éste. Añadió que los protagonistas de un frente social y político como ése tienen una cultura y/o una formación política de la vieja sociedad capitalista atrasada y dependiente, por lo que esos actores tienen las virtudes y las taras de esa formación social abigarrada (especialmente compleja) como la define René Zavaleta.
La apreciación de la estudiosa de los procesos que protagonizan nuestros pueblos (Venezuela, Bolivia, Ecuador) y que es sometida a la prueba de la vida, creemos que nos ayuda a entender que los aliados hasta hace poco tiempo, como el MAS y el MSM, no tienen derecho a imponer la división de sus militantes y por tanto la desunión del pueblo, lo que se manifiesta, especialmente, en ciudades como La Paz.
Los partidos de raigambre popular verdadera y, en particular sus dirigentes, no tienen que perder de vista que dentro de un proceso de cambios como el de Bolivia es más fuerte lo que nos une y que esa fortaleza se debe estimular y reforzar en el pueblo, entre otros ingredientes, con la educación política cotidiana, la que se debe sumar a la que el pueblo adquiere en las batallas de clases sociales, de pueblos indígenas y de regiones, libradas en pos de intereses legítimos.
Son los intereses materiales los que inicialmente unen a los postergados de siglos y a sus organizaciones políticas y sociales. Las ideas unitarias, casi siempre, se asimilan después o en medio de la lucha, la que es incesante y jamás es sólo electoral. La unidad política, sobre todo, cristaliza en medio de una lucha de ideas, la que es una sensible ausente entre los bolivianos.
Cuando el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia proclama que el MAS tiene suficiente fuerza y que por tanto no necesita aliados —fallutos dice él—, incurre en un error que tiene que preocuparnos hondamente por lo que, creemos, con inteligencia debe ser rectificado a la brevedad. Seguro que los cambios nada necesitan de aliados corruptos. Pero qué tribunal o quién dechado sólo de virtudes determina la honestidad de unos y la deshonestidad de otros. Se evidencia más el error presidencial porque hace poco sugirió “clonar” al líder de los sin miedo y hasta le pidió que enseñe cómo se combate la corrupción en la Alcaldía paceña. La pregunta es: ¿Los aciertos del Alcalde de La Paz han desparecido por acción de alguna magia?
La separación de los políticos, especialmente los del campo popular, debe materializarse luego de una evaluación, al menos así tendría que ser ese desenlace. Incluso si aquella desunión es abrupta y sin explicaciones previas, otra pregunta es: ¿A quién sirven los insultos que se prodigan entre ellos? El divorcio político tiene que ser para aprender de la vida y, en el caso que analizamos, para buscar y conseguir el reencuentro sin demora entre los amigos de los cambios.
Algunos creerían inevitable el fin de una alianza si los gobernantes no aceptaran otros aliados que hasta hace días, semanas o meses pertenecieron al bloque enemigo del que gobierna el país. ¿Esos “socios” políticos del gobierno, procedentes de la derecha, son los que pretenden dividir al MAS, desde dentro, como denunció el Vicepresidente del país?
Es posible y hasta deseable que del otro frente se incorpore gente al que ahora gobierna si antes, imprescindiblemente, vivieron una autocrítica real que va más allá de las palabras.
Una lista, seguro incompleta de los aliados que prefiere o tolera Evo Morales, les ofrecemos a riesgo de caer en omisiones, por ello se trata de un inventario inconcluso:
Edmundo Novillo, actual candidato del MAS a Gobernador por Cochabamba, antes fue presidente de la Cámara de Diputados por el partido gobernante; empero, mucho antes fue también concejal municipal del MNR. Todo indica que ahora es militante de primera línea del MAS y hasta se confirma como cierto lo dicho, según el comportamiento de aquel candidato.
Candidatos propuestos por los movimientos sociales en Tarija, Camargo, Quillacollo, Achacachi, entre otros lugares, fueron sustituidos por militantes de la derecha, según los vecinos de aquellas localidades los que sí conocen a los lugares, como no los conocen los gobernantes, de lo que hay testimonios confirmatorios. Rechazamos que se gane militancia y dirigentes para el MAS a cambio de candidaturas porque ésa es una práctica prebendal.
Roberto Fernández, candidato del MAS a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, nada tiene de masista, lo que es cierto, por eso sus amigos, según medios de difusión, le han dicho a ese candidato que si le va mal será por culpa de su alianza con el partido de gobierno.
Edwin Castellanos, candidato a Alcalde de Cochabamba, tampoco es masista, aunque podrá alegrar que lo sea muy pronto, así él le cantará convencido a las reformas avanzadas que vivimos y/o protagonizamos, y que postulamos que se consoliden y avancen, con pasos de gigantes, hacia el “horizonte socialista” que se anunció al inicio del actual período gubernamental.
José Villavicencio, ex presidente del Senado por Unidad Nacional, torturador de campesinos pandinos como prolongación de la masacre de Porvenir (11-IX-08), ha dicho que apoya a los candidatos del MAS en Pando. La sospecha nuestra es: así paga el servicio de haber conseguido su impunidad porque de acuerdo a las normas penales no podrá ser enjuiciado después del proceso a 27 imputados, entre ellos a Leopoldo Fernández, precisamente por esa matanza.
Del pacto celebrado entre el entonces candidato a senador Isaac Ávalos y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, que apalearon a campesinos e indígenas en Santa Cruz, jamás nos olvidaremos. Esa llaga sigue abierta y que nadie saque pecho por ese error garrafal que inició una práctica que rechaza a los que pueden y deben ser aliados, y consiente a los que tienen todo el perfil para seguir en el bando enemigo de los cambios o, que si de preferencias se trata, que ellos se desactiven o neutralicen, aunque creemos que “camba viejo no aprende a rezar”.
Juan Ramón Quintana, desde fuera del gobierno asesora a la candidata del MAS a Gobernadora del Beni, como antes cumplió similares labores en Pando, con los resultados adversos que se conocen. Fue adenista el ex ministro de la Presidencia y al parecer un aplicado estudiante en escuelas de formación ideológica, política y militar de los yanquis en varias ocasiones y lugares. ¿Cuándo los yanquis han formado actores y líderes de revoluciones democráticas, populares y socialistas?
Entre la gente medianamente informada habrá alguien que olvidó que el actual Viceministro de Seguridad Interior ejecutó los mandados de un prominente adenista que fue ministro de Defensa de Banzer. Aquél parece preservar sus actitudes autoritarias, así como su discurso casi siempre sin contenido.
Se han ido o han facilitado la salida de Román Loayza, Lino Villca, Félix Patzi, pero que nadie crea que se acabaron esos ejemplares en el MAS.
José Antonio Aruquipa en tiempo récord pasó de vocero de Podemos a propagandista de la candidata masista al municipio paceño. Especialmente los periodistas sentimos náuseas por eso.
Claro que nos felicitamos por aliados del MAS y de Evo, como Jerjes Justiniano porque une y como Jessica Jordan porque propaga ideas, lo que muestra que ella no es sólo belleza, cuya cualidad a nadie disgusta.
Ante los errores anotados cabe la crítica pública que aconseja Harnecker, a riesgo de que se responda con: el que no está con el MAS, está en su contra. Somos cada vez más los que criticamos los errores del gobierno y los que sugerimos correctivos. Y a pesar de que la indiferencia es la respuesta, seguimos apoyando al proceso y al gobierno, sólo que con todas las críticas que merezca el comportamiento de sus integrantes (incluido el Presidente).
Con esa posible crítica pública tenemos que buscar la rectificación de errores que tienen largo alcance, es decir, proyección estratégica.
Tampoco pretendemos diferenciación alguna con los que dirigen y menos con los que impulsan la transición boliviana. Tiempo tiene que haber para la rectificación de errores y en política no existe aquello de dar por cancelada una alianza de por vida. En vez de rechazar aliados es urgente salir al encuentro de ellos. Los únicos que no tienen espacio en el movimiento social y político de la transición boliviana son los enemigos (incluidos los encubiertos, a los que se debe poner a la vista del pueblo).
Tenemos que reunificarnos antes de que los enemigos de los cambios traten de organizar la contraofensiva, con apoyo yanqui; cambios a los que aquéllos se opondrán mientras tengan algo que perder en Bolivia. Ese día el soberano se impondrá otra vez si es necesario, pero los dirigentes deben tener la generosidad suficiente para aportar de veras a la construcción de la unidad, para que sigamos de victoria en victoria.
La Paz 3 de abril de 2010.
Remberto Cárdenas Morales*
*Periodista