Expropiar medios racistas y discriminadores sería revolucionario

De sábado a sábado

El Presidente del Estado Plurinacional “sugirió” que la mayoría masista en el Senado apruebe el proyecto de ley para combatir el racismo y la discriminación en el que se dispone (artículo 16) que los medios que difundan ideas racistas y discriminadoras serán sancionados con multas y con la suspensión de la licencia de funcionamiento, según reglamento.
La suspensión de la licencia de funcionamiento de un medio, por una transgresión como la anotada, es un tipo penal nuevo en el país. La Ley de Imprenta, vieja pero con encantos, sanciona las faltas de imprenta con multas económicas y establece juicio criminal por calumnias es una norma especial (con procedimiento incluido) sigue en vigor. Esto último recordamos porque ninguna institución jurídica o ley son abrogadas por ser viejas. La disposición: “No hay censura previa” en Bolivia, viene de la primera Constitución Política del Estado boliviano pero sigue en pie, pese a sus 185 años de vida. El artículo 16 de ese proyecto sugiere censura previa, pero ningún censor podría determinar que una idea, por racista y/o discriminadora, no se publique porque eso sería inconstitucional.
Sobre la necesidad de una ley para combatir el racismo y la discriminación, una vez más dejamos constancia de nuestro acuerdo con ella, la que sigue el trámite de rigor en el Senado. Sin embargo, si permanece la misma forma de producir en Bolivia, será mucho más difícil y quizá imposible vencer el racismo y la discriminación, con esa ley. Entre el pueblo se cree que con la aplicación de las leyes se resuelven los problemas. Sin embargo, es imprescindible decir que las leyes, bien aplicadas, pueden ayudar a resolver problemas, como el racismo y la discriminación, pero si no se combaten y se superan las causas materiales (económico-sociales) y las culturales que las provocan o determinan, no habrá la solución integral que se busca.
Añadimos que la aceptación de aquel proyecto de ley (en nuestro caso con excepción del artículo 16) no quiere decir abstenerse de críticas que buscan situar con claridad sus fortalezas y anotar sus debilidades. Éstas para que se las corrija antes de su aprobación.
José Martí, al que quizá se le escuche, en sus trabajos sobre Nuestra América, nos deja enseñanzas que nos pueden servir para el debate, insuficiente, que se libra sobre aquel proyecto de ley. Leamos al Maestro que escribió sobre el racismo de blancos y de negros y, sobre todo, del racismo antiindígena:
“¿No es acaso evidente que América fue paralizada por el mismo golpe que paralizó a los indios?” Su respuesta: “Y hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien América”.
Específicamente, sobre el racismo blanco y negro, el autor del ensayo Nuestra América, dice: “Hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. (…) De racistas serían igualmente culpables: el racista blanco y el racista negro”[1]
Esta última cita, guardando las distancias de espacio y de tiempo, si se toma en cuenta el método martiano para leer la realidad, tendría que servir a los que consideran que el peón de una empresa constructora, por ejemplo, no discrimina al gerente de aquélla. En las condiciones de un régimen en el que dominan las viejas clases sociales poseedoras, el racismo y la discriminación predominan de arriba hacia abajo, de los dominadores hacia los dominados, pero éstos o sectores suyos se comportan racistas y discriminadores, sobre todo, cuando ejercen algún poder, como sucede ahora en Bolivia.
Esta última afirmación nos da pie para afirmar que en una sociedad como la nuestra (las de Latinoamérica y el Caribe), se sobreponen las diferencias y la lucha entre las clases sociales, como factor determinante, a las que se suman como contradicciones secundarias, el racismo y la discriminación. En otros términos, no es la lucha de razas la fuerza determinante de los cambios en una sociedad como la boliviana. Sin negar que el racismo y la discriminación influyen, éstos no determina por sí mismos, como sucede con la lucha de clases.
En otra nota dijimos y reafirmamos: Los opositores al proyecto de ley del que hablamos mascullarán su ira, pero no dirán abiertamente sus diferencias, aunque probablemente son pocas. Acaso ahora se han “clandestinizado” o permanecerán en las sombras hasta que aclare.
Si la inmensa mayoría de los bolivianos compartimos la necesidad de una ley antirracista y antidiscriminadora, ése es un punto esencial del consenso (consentimiento y no unanimidad), por lo que, razonar a partir de una lectura analítica de nuestra realidad y establecer acuerdos, tendría que ser la pauta que guíe nuestros pasos. Aquéllos parecen difíciles, precisamente, porque se confrontan formas de ver el mundo y la vida que expresan intereses materiales, en rigor irreconciliables. Y casi siempre se imponen los que tienen más fuerza social y política (militar y policial), la que aquí se presenta como mayoría parlamentaria suficiente para aprobar aquel proyecto de ley que determina el cierre de medios racistas y discriminadores.
Se han hecho precisiones sobre la responsabilidad individual en la comisión de un delito porque es verdad que incluso cuando hay asociación para delinquir no desaparece la responsabilidad individual y ésta se la castiga, previo proceso debido. De modo que, según la ley, no es posible penalizar a un medio de difusión por las culpas racistas y/o discriminadoras de uno de sus dependientes y menos por el delito de un entrevistado.
La actual democracia, como forma de dominación (no es otra cosa la democracia), es todavía limitada en Bolivia, pese a los cambios. Es decir, la democracia contemporánea no es aún del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aquélla será un punto de llegada. Debido a los límites de la democracia, ahora, se reclama el respeto de los derechos de las minorías. Éstas a menudo se quejan sin dolor, lo que es habitual en el sector social, enemigo de los cambios verdaderos. La mayoría, además, puede y con frecuencia se impone. Lo que importa y mucho es que cuando la mayoría manda, lo haga en beneficio efectivo de esa mayoría y no sólo de grupos menores que forman la mayoría.
En el caso que nos ocupa, no debemos perder de vista que entre los gobernantes o asesores de éstos, es decir, los influyentes del actual gobierno sostienen que los únicos opositores a él y a los cambios son los medios de difusión (o la mayoría de éstos) a los que urge derrotar. Hace falta debatir esa tesis, pero preliminarmente cabe decir que la derrota de la mayoría de los medios, opuestos a los cambios, sólo será posible cuando el pueblo venza al sistema (capitalista, dependiente y atrasado) todavía dominante. Debemos entender, asimismo, que el poder de esos medios es el de sus dueños, esto es, de los sectores sociales todavía pudientes y todavía dominantes, aunque se les haya recortado su poder sobre todo político, porque el económico en importantes sectores de la economía sigue casi intacto.
En cuando al cierre de medios (suspender la licencia de funcionamiento) nada tiene de avanzado ni de revolucionario. No es ni lo uno ni lo otro dejar a los trabajadores de un medio sin trabajo y sin voz, aunque la palabra de los dueños de esos medios es la de los dueños de modo preponderante. No obstante, el cierre de un medio aunque afecte a sus propietarios, éstos no se los podrá callar con una medida administrativa. Más aún, si de veras se quiere defender, consolidar y profundizar el actual proceso, lo aconsejable es que se expropien los medios o se recuperen las licencias de funcionamiento y se los transfiera a título gratuito y en propiedad colectiva a los trabajadores del medio sancionado o a universidades públicas, previo proceso y de acuerdo a reglamento. Sería inteligente suprimir el artículo 16 antedicho y continuar el debate sobre el tema cuando discutamos el proyecto de ley sobre medios.
Si algunos estiman que no se cuenta con la fuerza para esa expropiación, vale la pena que se persuadan de que con esas medidas cambiaría la correlación de fuerzas en favor del proceso y del gobierno. El cierre de un medio, en cambio, también puede cambiar la relación de fuerzas pero en beneficio de los opositores a la transición boliviana. De lo que se trata es de sumar, sumar y sumar fuerzas para los cambios y para el gobierno, jamás hacer lo contrario.
“Gobernar obedeciendo” quiere decir, además, algo infaltable en un gobierno democrático y popular: escuchar al pueblo y cuando éste marcha en contra de sus intereses, lo que también ocurre, aportar al esclarecimiento de posiciones, pero con ideas avanzadas y revolucionarias.
Oruro, 3 de octubre de 2010.

Remberto Cárdenas Morales
*Periodista


[1] José Martí. Nuestra América, La Revista Ilustrada de Nueva York, 10 de enero de 1981, el Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. http://www.analitica.com/bitlio/jmarti_america.asp
Boaventura de Sousa Santos. Nuestra América: reinventando un paradigma (Fragmentos), revista Casa de las Américas 237, octubre-diciembre, 2004, La Habana, Cuba.