Bolivia: ¿Confrontación de pueblos, de regiones y de clases ?

Remberto Cárdenas Morales*

Que la gente del pueblo de la misma región, Caranavi y Alto Beni, se enfrente por una planta industrializadora de cítricos, entre otras cosas, revela: falta de dirección política, carencia de una organización correlativa, división en vez de unidad y limitada o falta de conciencia política y hasta de conocimiento respecto de las posibilidades y limitaciones de las reformas que todavía se impulsan en el país.
El enfrentamiento entre pobladores de la misma región porque una fábrica será instalada en Alto Beni en vez de Caranavi, demuestra que no es una disputa sólo entre dirigentes porque allí, los actores que no “pasan a la clandestinidad”, son los pueblos o fracciones fundamentales de aquéllos, lamentablemente, acabó con la vida del estudiante Mario Fidel Hernani (19 años) que entendió —tenemos derecho a suponer— que por aquella causa valía la pena no sólo “gastar la vida por los demás” sino entregarla sin reservas. Poco antes del cierre de esta nota se informó de la muerte, con tres balazos, de un segundo joven, también, en Caranavi.
La gente sencilla reprueba la pasividad del gobierno porque no buscó salidas al bloqueo de Caranavi tras que empezó, incluso preguntan por qué no se anticipó al conflicto.
Con Gramsci afirmamos que la hegemonía es dirección y dominación, a la vez, pero que un gobierno dirige a los que lo apoyan y domina a los opositores, y ésta (la dominación) la consigue con el uso de la fuerza si se la necesita. Para desbaratar los bloqueos de Caranavi el gobierno recurrió a la fuerza del Estado, pero ¿por qué domina a los que tendría que dirigir? o ¿Por qué los gobernantes no alcanzan a dirigir a los que son (o eran) votantes de Evo Morales?
La Red Uno mostró, al parecer, un salón de caza y que, ufano, quien lo empuñaba también lo mostró como si fuera un trofeo ganado en una competencia deportiva. Ése quizá sea un hecho aislado del que no se debe deducir que allí actúan pelotones armados o que el gobierno decidió desarticular “un movimiento político armado”, como dijo el ministro de Gobierno. Para confirmar o descartar una afirmación como ésa se debe investigar en serio, como tiene que ser una averiguación verdadera: reconocer la información antes obtenida y descubrir un nuevo conocimiento. Los defensores de los derechos humanos tienen una nueva y compleja tarea.
Un decreto gubernamental que dispone el 5 por ciento de “aumento” o reposición salarial, como mínimo, que deben desembolsar los empresarios a sus dependientes, pero que sugieren conseguir un mayor incremento, en cierto modo oculta la lucha económica (reivindicativa) de los trabajadores fabriles que la deben librar ante sus patrones.
En este tiempo de Evo los empleados públicos no recibieron aumento de sueldos, salvo el año pasado que se les pagó un bono de Bs 1.000, a los que percibían menos de Bs 3.000.
Cuando afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), influida por el MAS, dicen que no permitirán la marcha de la COB de Caracollo hacia La Paz, que empezará el próximo lunes 10 de acuerdo a sus organizadores, aunque se trate sólo de una amenaza pensamos que la derecha y la Embajada de EE.UU. en Bolivia, desean con ansiedad que se materialice, lo que sería francamente criminal. Pensarlo ya es reprochable.
Las huelgas de hambre de los militantes de UN sólo merecen una repuesta política porque esas medidas son explícitamente políticas.
Esposas de policías también ayunan por mejores destinos de trabajo para los suyos y un incremento mayor de sueldos, lo cual complica más el momento crítico que transcurre en el país.
Ante esos acontecimientos —también luctuosos—, medios de difusión afirman que la “conflictividad” ha vuelto a Bolivia o que aquí acabó la paz. Sobre esta apreciación preguntamos: ¿Cuándo no hubo resistencia y/o lucha del pueblo boliviano contra la explotación y opresión o para derrotar a dictaduras militares y fascistas y/o a regímenes neoliberales?
El conflicto definido como oportunidad para que se resuelva mediante el diálogo y la negociación y que, además, no desaparece sino que se transforma, pese a que se presenta como alternativa a la teoría y a la práctica de la lucha de clases, basta para desmentir lo que se habla de la conflictividad boliviana. Otra versión grotesca de aquella voz: culpa a Evo Morales de la confrontación y de que ésta se agudice.
La lucha de clases es determinada por factores económico-sociales, aunque es cierto que las clases sociales y las personas influyen en aquellas batallas clasistas.
A Marx, cuyo natalicio recordamos el 5 de este mes, también lo culparon de que descubrió a las clases sociales y a la lucha entre éstas, pero él resumió su aporte así: “Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción (…); 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases”.
La lucha de clases en Bolivia, de estos días, se manifiesta con las huelgas de hambre de fabriles en varios lugares; con los bloqueos de caminos en el norte de La Paz (desbaratado, en parte, por la fuerza policial ayer viernes), el de Quillacollo en Cochabamba y los de La Huachaca, en la carretera La Paz-Oruro; en los ayunos de militantes de UN en defensa de asambleístas departamentales que ellos creen les arrebató la Corte Nacional Electoral, para beneficiar al MAS; en el ayuno de las esposas de policías; en las marchas de trabajadores de La Paz (incluidas las del 1 de enero) y las bombas molotov que estallaron; se suman las marchas de los universitarios en defensa de la autonomía (en realidad, para preservar un bono de antigüedad que les beneficia como segundo sueldo básico; en las marchas de los médicos que dicen defender la sindicalización. Esas acciones tienen contenido político y se las enfila contra el gobierno. Los trotskistas, que dicen que Bolivia se llena de ellos, consideran que han generado la línea que algunos aplican, quizá sin advertirlo. Un vocero de esa tendencia dijo que la marcha paceña del 1 de mayo mostró que los asalariados se diferencian del gobierno actual y que confían en que los asalariados recuperen su independencia. Derrocar a Evo ahora no está en agenda, pero sí se busca el mayor deterioro suyo, aunque es cierto que huelgas generales indefinidas de los trabajadores en Bolivia se han ejecutado para tumbar gobiernos, como dijo el Vicepresidente.
Los asalariados bolivianos no tienen por qué dejar de luchar por sus derechos legítimos: a una renta digna como reclaman, a que las conquistas sociales sean incorporadas a la nueva legislación del trabajo, a que todos los que trabajan se organicen sindicalmente (incluidos los empleados del Estado), a recibir los mejores salarios que la economía boliviana lo permita para empezar a vivir bien, a que sigan como realidad las conquistas sociales que son irrenunciables.
Es inaceptable que los trabajadores, en el inmenso escenario de la lucha por sus derechos legítimos, confundan el blanco y que esperen que el gobierno les consiga incluso el aumento salarial que deben arrancar a los empresarios, pero con su accionar, en primer lugar. En otros palabras: las huelgas de hambre de los trabajadores fabriles tienen que dirigirse contra los empresarios, jamás contra el gobierno. En rigor, el decreto gubernamental que ordena el pago de la reposición del poder de compra de los salarios es una gestión administrativa del gobierno que va más allá de sus obligaciones. Los fabriles alegan, lo que es una media verdad, que cuando un decreto supremo dispone un porcentaje de aumento o reposición salarial, los patrones se niegan a conceder un aumento mayor. Ante esa media verdad la pregunta es: ¿Acaso los patrones son tan comedidos que obsequian a sus trabajadores las llamadas conquistas sociales? ¿Los trabajadores bolivianos conseguirán aquellos “regalos” sin lucha que consiga esas conquistas sociales?
Un ministro ha dicho que en lo sucesivo la política salarial del gobierno será discutida con los trabajadores. Se le debe tomar la palabra a ese funcionario público, lo que también nos lleva a preguntar ¿por qué la actual política salarial es indiscutible? Otra pregunta: ¿Por qué un gobierno del pueblo pretende que los asalariados paguen, aunque sea en parte, la inversión fiscal?
La lucha de clases en todas sus fases: económica, política, ideológica e incluso cultural, debe seguir su cauce natural y sin árbitros oficiosos los que a veces ni alcanzan a moderarla. Por ello, resulta de mal gusto que un Viceministro del gobierno sugiera que el salario, ante su limitada y disminuida capacidad de compra, sirva para vivir con pan y café. Entre ese ofensivo consejo y lo que dijo Luis García Meza: “Viviremos con chuño y charque”, los 20 años que soñaba que gobernaría dictatorialmente, hay un parecido inconfundible. Cuando escuchamos declaraciones de ese Viceministro, que tuvo varias militancias políticas, constatamos que la política que todavía tiene contenido democrático y popular la ejercen politicastros (políticos ineptos) como aquel servidor público, de los que esperamos salvarnos.
La amenaza de líderes campesinos, adeptos al gobierno, de impedir la marcha de la COB desde Caracollo a La Paz, tiene que ser retirada expresamente. Además, los campesinos nada deben impulsar en contra de los trabajadores con los que, a pesar de los desencuentros y enfrentamientos actuales, tienen que buscar alianzas sostenidas para defender, consolidar y profundizar los cambios.
Evo Morales, apoyado en el liderazgo que ejerce (aunque se deteriora a un ritmo que tendría que preocupar), debe introducir un ajuste esencial en la política que impulsa: para que el gobierno de veras sea del pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Y nada de medias tintas.
El diálogo sindicalistas-gobierno de estas horas debe servir para resolver problemas y la pacificación que se demanda en Caranavi y Alto Beni tiene que ser con soluciones.
La Paz, 8 de mayo de 2010.
*Periodista