La nueva CPE es una reforma jurídica y política de la esperanza

Remberto Cárdenas Morales*
En la todavía limitada democracia en la que antes la derecha se movía a sus anchas, el pueblo que marcha con botas de siete leguas aprende y enseña mucho en un escenario al que otrora se lo convocaba a veces, y al que ahora concurre con más frecuencia y en el que ganamos como para saltar de contentos; tanto, que intelectuales que ayer coqueteaban con “las masas” y cuya obra se inspiraba en sus luchas, actualmente reniegan, por ejemplo, ante los referéndum.
Es que se altera el actual régimen democrático por la acción de los trabajadores y el pueblo, de los campesinos e indígenas especialmente, porque ellos son los actores políticos de las transformaciones, las se acentuarán con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), destinada a convertirse en la reforma jurídica y política más importante de la transición boliviana (con las leyes que la deben complementar), pero en la medida en que se aplique sin concesiones que provoquen regresiones. Si para lograr ese objetivo es necesario un acuerdo político gobierno-oposición, que se establezca, pero de él tienen que ganar las regiones, el pueblo y el país.
Se trata, pues, del alumbramiento de otra institucionalidad y de otra legalidad, las que no sólo tienen que ser amamantadas y creer, sino que deben vencer la resistencia de la derecha, en sus más distintas variantes, la que tiene apoyo del imperialismo. Esa nueva institucionalidad y esa nueva legalidad, al fin de cuentas, se convertirán en dominantes un día, por ello resulta un lamento agónico el de voceros del viejo orden que reclaman respeto al derecho de las minorías. Éstas tienen derecho a existir, incluso según las recientes reglas. Sin embargo, de las viejas reglas, una no tiene que sepultarse: las minorías se tienen que someter a las mayorías, de acuerdo al llamado juego democrático en el que todavía convivimos y en el que luchamos. Pero en Bolivia es el tiempo de la mayoría de “poncho y ojotas” que ocupa de manera creciente el escenario boliviano, como en la canción que le rinde tributo a Moto Méndez (“Ay compadre Moto Méndez/héroe de poncho y ojotas/con tu muñón escribiste/con letras rojas la historia”).
Aquel principio y esa práctica la derecha olvida cuando pierde elecciones, pero otros de ese bloque aprenden. Un ex Presidente (en campaña electoral anticipada) dijo de manera implícita que ellos están empeñados en organizar otra mayoría para ganarle a Evo Morales, si a éste le va mal, en diciembre de este año. Ésa es una confesión de parte que se debe tomar en serio. Lo andado por el actual proceso no debe creerse irreversible y dejarse estar, es urgente hacer lo contrario de aquel refrán: hazte de fama y échate en cama. Por ello, hay que seguir la lucha con el estímulo de la fama.
A propósito de estímulos, debemos avanzar sustentados en la victoria popular, en los más de dos millones de electores que votamos por los cambios y contra el latifundio. Mas, una larga lista de analistas, en diversos tonos, dicen o sugieren, que el gobierno de Evo Morales ganó el 25 de enero, pero que se fortaleció la oposición. Otras lisuras se reiteran después de la victoria de los pobres sobre los pocos ricos, esencia de la contienda de este tiempo, la que no es otra cosa que lucha de clases, de naciones y de pueblos. Los perdedores se animan a decir que la nueva CPE es antidemocrática e ilegal, y que hay que reformarla (cuando el constituyente Román Loayza habló de cambios de la posible CPE, aquellos “razonadores” de la derecha respondieron que la propuesta de aquel dirigente campesino mostraba, entre otras cosas peores, un propósito totalitario del gobierno y del MAS.
El debate con aquella intelectualidad, que se aferra al pasado (a lo que también tiene derecho), debe seguir porque todavía es de bajo vuelo.
Sobre estas afirmaciones ensayamos una respuesta: En las últimas décadas en Bolivia no hubo una participación del 90 por ciento de los electores, ni hubo una victoria electoral más democrática que la del 25 de enero, con referendos en los que aquellos más de dos millones votamos por los cambios y para que la propiedad agraria no exceda las 5.000 hectáreas. Sobre esta última decisión (aunque los votos en blanco son muchos, no cuentan en términos electorales) importa mucho decir que en todos los departamentos la votación por aquella extensión máxima de la propiedad de la tierra es mayor que los votos en contra de la nueva CPE. Agregamos que a pesar de esa decisión (contraria al latifundio y por los cambios), las fuerzas del pueblo no alcanzan, en este momento, para la revolución agraria que falta, sobre todo porque en Bolivia, todo el poder, no es del pueblo todavía. Aquella tendrá su momento y a nuestra legítima desesperación debemos morigerarla. Las revoluciones agrarias son parte indisoluble de las otras que transforman la política, la economía, la sociedad, la cultura, toda la formación social. Pero para esas revoluciones se necesita razón y fuerza suficientes (si se acepta este giro periodístico).
Sobre las “ilegalidades” cometidas en la gestación de la nueva CPE, lo que supone romper cristales institucionales, es cierto que hubo y hay bastante de aquello, especialmente, con la aprobación de la nueva Ley Fundamental. Con ésta se sustituye (o se sustituirá, y con lucha) una parte sustancial de la legalidad y de la institucionalidad de viejo cuño, la que defienden los desplazados del poder del que medraron, con ambas manos, durante décadas.
Pensamos que no se debe callar un propósito manifiesto ahora que crece la esperanza con la nueva CPE. Los cambios también quieren decir otra legalidad, otra institucionalidad, otra democracia: la democracia de y para las mayorías.
Acerca de la mayoría, sin embargo, no debemos conformarnos con el apoyo que tienen los cambios en esta patria la que, en primer lugar, es de los que luchan todos los días (los imprescindibles, de acuerdo a Bertolt Brecht) para que pocos patrones dejen de hacer de ella un próspero negocio y con trabajo de otros: hablamos de los que les gusta llamarse “productores”, cuando en realidad son los que reciben un mísero salario los únicos que producen un nuevo valor, precisamente cuando trabajan. (“Me matan si no trabajo/ y si trabajo me matan”, coreaban los años 70 del siglo XX ciertos profesionales que llamaron a votar por el no. A los que vemos ahora de cuerpo entero, con su falsía al viento, la que estuvo oculta para algunos distraídos).
Conocemos testimonios de dirigentes campesinos de Pando que aclaran el porqué allí votaron más por las 5.000 hectáreas que por la nueva CPE. Sucede que en ese departamento el poder, del ex Prefecto y sus socios o palos blancos, todavía no se desmontó como soñamos. Allí el gobierno no hizo construir ni una casa de las prometidas; no compró castaña de los recolectores y productores pequeños debido a lo cual éstos siguen vendiendo aquel fruto a los empresarios grandes; tampoco garantiza la convivencia pacífica, con soluciones reales, a los lugareños sencillos que siguen perseguidos y amenazados por los que ejercen el poder regional pandino. En la nota anterior dijimos que las promesas incumplidas influyeron en compatriotas que apoyan los cambios, pero se desalientan ante la desatención de un gobierno al que, a pesar de todo, respaldan en tanto impulsa cambios, pero que reprueban de aquél que las “obras” comprometidas sean palabras apenas.
Ante esa realidad preocupante, la gestión gubernamental tiene que ser retomada en todo ámbito para lograr que sea más efectiva. Son innumerables los ejemplos de ineficiencia e ineficacia que se pueden citar. Empero, baste decir que lo que ocurre con el plan de vivienda es un ejemplo de lo que no se debe hacer.
Otro caso es la administración, errática hasta este momento, de YPFB. Un resultado de ello es que, probablemente, disminuyó la producción de petróleo y gas en un 30 por ciento: a eso debe ponerse punto final. La destitución del presidente de aquella empresa estatal, Santos Ramírez (que parece no ser tan santo), empieza a explicar el porqué aquella administración “chambona”. La intervención a YPFB, esperamos que ayude en la ejecución sin dilaciones del anuncio del Presidente de la República: investigar, procesar y sancionar a los principales ejecutivos de la empresa estatal que lo merezcan. Es lo menos que se debe hacer para resarcir siquiera en parte el daño político y el posible perjuicio económico. La moraleja inicial es que no se debe dejar a cualquier gato a que cuide la carnicería ¡y qué carnicería!
Los que estamos en el llano y apoyamos al proceso y al gobierno, en las buenas y en las malas, tenemos que aportar a la organización, a la unidad y a la reafirmación de la conciencia política de los alzados que cambian Bolivia, a pesar de todo.
Con preferencia debemos trabajar enre las capas medias. Dijimos antes que éstas tienen que realizarse dentro y como parte del actual proceso. La única ruina (hay que confesarlo) tiene que llegar a los pocos millonarios que sienten que no sólo pierden referendos, sino privilegios, y sólo dejan de ganar como antes, porque tampoco pierden como aseguran.
Una tarea fundamental tenemos entre todas las otras: participar, con los recursos a nuestro alcance, de la difusión y de la lucha de ideas, avisados de que las ideas que no se conocen, no luchan, como dice la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
Difusión y lucha de ideas para afirmar a los partidarios de los cambios, para ganar a los que se alejan a costa de mentiras, para convencer de nuevo a los que se descorazonan frente a las dificultades y los actos de corrupción, y al menos para problematizar a los que defienden intereses que no son los suyos. En suma, para sembrar conciencia en todos ellos. Así contribuiremos a la defensa, consolidación y profundización de los cambios en Bolivia, seguros de que con la nueva CPE crece la esperanza.
La Paz, 31 de enero de 2009.
*Periodista