De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*
“La histórica problemática de la tierra es uno de los factores que está en el trasfondo de los graves sucesos de Pando”, dice el informe de La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (la Oficina en el texto transcrito), la crisis política desencadenada por el Impuesto Diferenciado a los Hidrocarburos, las tomas de oficinas públicas en la denominada media luna (lo que el gobierno de Evo Morales denomina intento de golpe civil) y los referendos. Aquí reproducimos, sin las notas de pies de página, lo que aquella Oficina informa sobre el 11 de septiembre de 2008 en Porvenir y otros lugares de Pando:
“34. De acuerdo a información obtenida, luego de los primeros hechos ocurridos en la zona de Tres Barracas, vecinos de El Porvenir y partidarios de la prefectura se fueron reuniendo alrededor de una rotonda y en inmediaciones de uno de los extremos de la cancha de El Porvenir, engrosando a un primer grupo que estuvo en vigilia desde la noche anterior. Aparentemente, más gente decidió unirse a la vigilia como consecuencia de la inminente llegada de los campesinos y los rumores sobre la muerte del señor Oshiro y la retención de algunas personas por parte de los campesinos.
35. Según testigos, una vez que los campesinos llegaron a El Porvenir, y mientras la Policía entablaba conversaciones con ambos sectores con la intención de disuadirlos de posibles enfrentamientos, habrían llegado desde Cobija volquetas de la prefectura con varias decenas de personas armadas y una camioneta, también de la prefectura, con armas, varias de ellas nuevas. Asimismo, algunos partidarios de la prefectura habrían rodeado a los campesinos, avanzando por una de las calles laterales y por detrás de donde se encontraban aquéllos.
36. Ante la insistencia de los partidarios de la prefectura de verificar si en los vehículos de los campesinos se encontraban armas y/o algunas personas retenidas en Tres Barracas, personal policial, entre ellos, el entonces Comandante Departamental y una Suboficial de El Porvenir, verificaron si esta denuncia era cierta. La primera persona retenida que fue liberada indicó que había otras en los vehículos de los campesinos. Esto habría provocado que la Policía verificara nuevamente los vehículos, lo que habría derivado en la liberación de otros cinco individuos.
37. Según alegaciones de los partidarios de la prefectura que estaban cerca de la rotonda, estos habrían solicitado en varias oportunidades intervención policial para desarmar a los campesinos. Los campesinos, por su parte, se habrían sentido engañados por la Policía puesto que, según indicaron, el Comandante Departamental les habría prometido que iban a poder pasar a Cobija, pero que tenían que esperar. Esta espera fue interpretada por los campesinos como una forma de entretenerlos mientras los partidarios de la prefectura se organizaban y los rodeaban para atacarlos.
38. Versiones coincidentes señalan que, después de ser liberado el último retenido, comenzaron los disparos, aparentemente por parte de los partidarios de la prefectura desde la calle lateral derecha donde estaban situados los campesinos. Algunos testimonios también coincidentes señalan que, momentos antes de que comenzaran los disparos, la Suboficial de Policía de El Porvenir habría hecho una señal hacia uno de los lugares donde se encontraban los partidarios de la prefectura. Inmediatamente, aquellos habrían empezado a disparar.
39. Según la información e imágenes obtenidas, los disparos masivos de los partidarios de la prefectura provocaron la dispersión de los campesinos en una precipitada huida para salvar sus vidas frente a un ataque indiscriminado con armas automáticas, rifles, escopetas, revólveres y petardos. Algunos escaparon hacia el río Tahuamanu y otros intentaron esconderse en viviendas y locales comerciales. Contra quienes cruzaron o intentaron cruzar el río a nado, se disparó indiscriminadamente. La Oficina fue informada de que algo más de 60 personas (campesinos, normalistas, mujeres e, incluso, bebés) habrían sido rescatadas del río en un bote y trasladadas a una comunidad más alejada de El Porvenir. Algunos de los campesinos también habrían trepado a los árboles buscando resguardo, pero habrían sido atacados por los partidarios de la prefectura que les dispararon.
40. Además, algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente y ejecutados. Es en estas circunstancias que habrían sido asesinados, entre otros, el señor Bernardino Racua Cordero, que habría fallecido a una cuadra del Puente Cocama (El Porvenir) horas después de la balacera por un impacto de bala en el corazón y el señor Diter Tupa Maty, quien fue encontrado muerto en el baño de la casa donde se resguardaba. Según el informe forense, la causa de la muerte de este último fue por trauma cráneo facial producido por arma de fuego. También, según el informe forense, el señor Celedonio Vazualdo García (“Basualdo” se escribe en otro lugar del informe), quien era un destacado dirigente campesino y fungía como presidente de la organización territorial de base en la comunidad Soberanía del municipio de Filadelfia, habría sido asesinado cerca del puente de Cocama por dos impactos de arma de fuego. También otras víctimas habrían sido maltratadas y golpeadas antes de ser ejecutadas. Según los informes forenses, estas personas serían el señor Félix Roca Torrez, campesino de base de la comunidad Londres (municipio de Filadelfia), y el señor Alfonso Cruz Quispe, normalista de Filadelfia.
41. Asimismo, en el material audiovisual revisado se escuchan expresiones de tinte racista contra los campesinos, como “vamos, maten a esos collas de mierda”. Igualmente, se advierte que los partidarios de la prefectura dispararon, quemaron y destruyeron seis vehículos de los campesinos y de la Alcaldía de Filadelfia.
42. La Oficina observa la desproporcionalidad de fuerza que se utilizó para agredir a los campesinos en un ataque frontal.
43. La violencia contra los campesinos se habría extendido hasta el hospital Roberto Galindo de Cobija, donde, según testimonios coincidentes, grupos numerosos de partidarios de la prefectura habrían intentado obstaculizar el ingreso de las víctimas y las habrían amedrentado física y verbalmente, al punto de hacerlas huir sin recibir la atención requerida. El personal médico y paramédico se habría visto, en gran medida, presionado por los partidarios de la prefectura para no brindar el auxilio requerido por los campesinos.
44. Otros campesinos, entre ellos 15 (13 hombres y 2 mujeres) que se habían refugiado en una vivienda, fueron sustraídos del lugar a la fuerza, arbitrariamente aprehendidos, severamente golpeados, retenidos y, luego, trasladados a la sede del Comité Cívico de Pando en Cobija donde también habrían sido brutalmente maltratados. Estos actos podrían ser considerados como tortura, ya que el dolor físico y mental y el sufrimiento habrían sido causados intencionalmente sea para obtener una confesión, con el propósito de intimidación, para coaccionar o bien con el objetivo de discriminar racialmente. Estos actos se habrían cometido por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos del SEDCAM y de la Prefectura de Pando.
45. Algunos medios de comunicación estaban presentes en la zona principal de los disturbios en El Porvenir. Según testimonios recibidos, a los periodistas de uno de los medios de comunicación se les habría dado instrucciones de no filmar a los partidarios de la prefectura que disparaban. Otros, empero, habrían filmado todos los hechos, incluyendo los actos deliberados de malos tratos infligidos a los campesinos.
46. Así también se ha informado que varios campesinos fueron obligados por partidarios de la prefectura a “confesar” ante las cámaras que habían sido mandados por autoridades o personalidades vinculadas con el Gobierno. La forma de obligarlos a confesar fue, según testimonios, con malos tratos, incluyendo disparos a las piernas o amenazas de disparos. Esas escenas de violencia, de manera intencional, no habrían sido registradas por algunos periodistas que fueron testigos de esos procedimientos. Sin embargo, las “confesiones” fueron registradas. De comprobarse, la extracción violenta de estas confesiones constituye un acto de tortura.
47. Hasta el momento y según el Ministerio Público, los incidentes de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de al menos once personas (seis campesinos y tres normalistas: 1. Bernardino Racua Cordero, 2. Diter Tupa Maty, 3. Celedonio Basualdo García, 4. Félix Roca Torrez, 5. Wilson Richard Mejía Miahata, 6. Arnoldo Gonzales Inuma, 7. Wilson Castillo Quispe, 8. Alfonso Cruz Quispe y 9. Jhonny Cari Sarzuri; y dos partidarios de la prefectura: 10. Pedro Oshiro y 11. Alfredo Robles Céspedes) y produjeron aproximadamente 50 heridos, en su mayoría campesinos, de los cuales varios heridos por arma de fuego.
48. Frente a los hechos acaecidos en El Porvenir y en el río Tahuamanu, la Oficina considera que la masacre de los campesinos y normalistas constituye una grave violación a los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la prefectura, funcionarios del SEDCAM miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando.
49. La justicia boliviana deberá esclarecer, respetando el debido proceso, el grado de responsabilidad, por acción u omisión, del ex prefecto del departamento de Pando y de los funcionarios de la prefectura y del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la prefectura que habrían tenido diferentes tipos de participación en la planificación, coordinación, ejecución y desenlace de estos graves sucesos de la masacre de El Porvenir.
50. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de estos mismos actores ante la ocurrencia de varios hechos ilícitos que también deben ser calificados y sancionados penalmente, inter alia, la privación ilegítima de libertad, los tratos crueles y posibles actos de tortura infligidos a varios campesinos, entre ellos, los 15 que luego fueron retenidos en la sede del Comité Cívico en Cobija; la violencia ejercida contra los campesinos en el hospital de Cobija; los actos de discriminación y racismo, también contra los campesinos, así como la destrucción y quema de sus vehículos.
51. De igual forma, la justicia boliviana deberá investigar y establecer el grado de responsabilidad de actores estatales y no estatales, entre ellos, funcionarios de la Alcaldía de Filadelfia y campesinos, respectivamente, que podrían estar implicados en atropellos que pudieran haber acaecido contra los partidarios de la prefectura.
52. Con relación a las alegaciones de que aproximadamente 13 campesinos muertos habrían sido transportados en una volqueta de la prefectura con destino desconocido, así como el asesinato de niños, esta Oficina no ha recibido información que pueda corroborar estas alegaciones. Sin embargo, dada la seriedad de las mismas, la Oficina recomienda a las autoridades del sistema de justicia boliviano que sean investigadas”.
Este informe de la ONU, confirma los de la APDHB, Defensor del Pueblo y Unasur: el 11 de septiembre del año pasado en Porvenir hubo masacre. Asimismo, desmiente tres versiones fraguadas, con certeza, por los defensores del poder regional de Leopoldo y sus amigos y de los otros autores materiales e intelectuales de la matanza: que entonces hubo enfrentamiento, que los campesinos se mataron entre ellos y que el gobierno actual montó en su servicio todo lo ocurrido en Porvenir y alrededores.
La difusión del informe precedente (el reproducido es un fragmento) debe ser una acción urgente porque coincide con los testimonios que entregan los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes de la masacre. Además, es necesaria esa propagación porque, en Pando, los autores de la matanza de Porvenir buscan el olvido o cuando menos desdibujar esos hechos luctuosos que han cambiado sustancialmente las relaciones sociales y políticas en aquel departamento.
La Paz, 28 de marzo de 2009.
*Periodista
lunes, 30 de marzo de 2009
lunes, 2 de marzo de 2009
¿La CIA dónde deja de conspirar contra cambios que apuntan hacia una nueva sociedad?
De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*
La CIA y otros de inteligencia, organismos financieros, aparatos ideológicos (la llamada industria cultural), ciertos cooperantes tipo voluntarios de paz, agregados militares o sindicales, miembros de sectas religiosas, a veces ciudadanos corrientes y con alguna frecuencia funcionarios de gobiernos latinoamericanos y de Bolivia, cada quien en su trinchera y según su oficio, maquinan las más variopintas acciones para frustrar procesos y cambios, como los que tienen lugar en nuestra América y en nuestro país, y para mantener la dominación imperialista que, en tiempos neoliberales, era casi todopoderosa.
Procesos de reformas o con algún alcance liberador de sello boliviano (Revolución del 9 de abril de 1952, gobiernos de los generales Ovando y Torres, régimen de la UDP), a pesar de las sombras reales y aparentes, en determinados momentos de su desarrollo sufrieron, casi siempre pasivamente, la conspiración imperial. Cuando menos nunca recibieron, del imperio, apoyo ideológico, político y militar para que se consoliden y avancen.
Resulta normal que así sea. Es imposible que cambios que busquen acabar con el viejo orden reciban apoyo de los que hacen todo lo que está a su alcance para derrotar a toda transformación posible en estas tierras. Nadie que esté en su sano juicio debe esperar que la segunda y definitiva independencia de nuestra América y de Bolivia (para repetir aquella acertada consigna) triunfe con ayuda del complejo militar-industrial de Estados Unidos y, por tanto, con la asistencia de organismos como la Central de Inteligencia Americana (CIA).
La hoja de vida de la CIA y la historia de las luchas sociales y políticas de Latinoamérica se encargan de poner en evidencia que aquella agencia tiene como misión esencial la conspiración contra procesos, gobiernos y dirigentes transformadores.
Estos días, algunos medios de difusión bolivianos y correos electrónicos recuentan conspiraciones de la CIA en Bolivia y hablan de ministros de gobierno, especialmente, que según sus acciones desempeñaron labores por encargo de aquella organización de inteligencia o que fueron agentes suyos. De nuestra parte rememoramos dos hechos y nombres difundidos, más antes que ahora: la CIA por encargo de empresas petroleras de EE.UU. organizó la conspiración contra el gobierno del Gral. Alfredo Ovando, a partir de la nacionalización de la Gulf Oil. Co. (17-X-69), que aquel decidió y la mismísima CIA conspiró contra el gobierno del Gral. Juan José Torres, luego de que éste ordenó que se desarticule una oficina de enlaces (comunicaciones) que funcionó anexo al aeropuerto de El Alto y que se conocía con el nombre de Guantanamito. A ex ministros de gobierno de nuestro país, como Antonio Arguedas Mendieta (del Gral Renè Barrientos Ortuño), Jorge Gallardo Lozada (del Gral. Juan José Torres) Alfredo Arce Carpio (de Hugo Banzer Suárez), se los considera operadores de la CIA en Bolivia. Incluso a Arguedas se le concede las funciones de agente doble. A esa lista, nada decorosa, añadimos al obispo católico, Kennedy, que fue Nuncio Apostólico en La Paz, durante gobiernos del MNR y al cura Sulliván, que apoyo a “demócracristianos revolucionarios” en Cochabamba y a los que dejaban el PDC y adherían al mirismo de entonces.
Que un agente de la CIA se haya introducido en YPFB no es la novedad sorprendente, la noticia sería que se confirme que es agente de esa agencia. Mas se corre el riesgo de que nunca se llegue a descubrir con exactitud el papel de aquel posible agente de la CIA en la empresa estatal de los hidrocarburos y en otros lugares de los que se habla. Quizá una desclasificación de documentos en Estados Unidos ayude a la comprobación que ahora se intenta.
Sorprende, asimismo, la escasa o ninguna vigilancia de los organismos de seguridad del gobierno que, al parecer, fueron burlados por un agente (si en verdad es o si fue). Esa presumible falta de vigilancia debe preocupar tanto o más puesto que el probable agente de la CIA en YPFB asume la gerencia de comercialización de carburantes nada menos que por encargo del principal ex ejecutivo de esa empresa estatal.
Cabe una pregunta: ¿Por qué el ex Presidente de YPFB (detenido preventivamente) protegió al posible agente de la CIA, luego de que el presidente Morales le sugirió que lo destituya? La tolerancia de Santos Ramírez, con el presunto agente de la CIA, se puede entender como complicidad, lo que es muy grave en el comportamiento de un funcionario público que recibió el encargo de asegurar los mejores resultados en la más importante empresa estatal de los hidrocarburos.
La denuncia del Presidente de la República sobre el posible agente de la CIA, infiltrado en YPFB, si se la lee sin prejuicios (lo que es muy difícil), se debe entender como que aquel agente dificultó la comercialización de carburantes y que provocó la escasez de aquéllos.
Sin embargo, la interpretación de los opositores (matices más o menos) es que Evo Morales inventó al agente de la CIA con la intención de favorecer a su amigo y compañero de partido Santos Ramírez. Pero en el bloque gubernamental no se debe esperar que sus opositores lean la realidad o las declaraciones del Presidente con los ojos de los más lúcidos dirigentes de los movimientos sociales que apoyan al proceso y al gobierno.
Sí creemos que los gobernantes, como en otros casos, deben ser discretos respecto de los presuntos actos de corrupción en la estatal hidrocarburífera. Tienen que dejar de hablar lo que se puede entender como defensa de Santos Ramírez. Éste es el llamado a ocuparse del juicio criminal que le espera. El daño político al proceso y al gobierno, la lesión económica al Estado y a los bolivianos, provocado por los actos irregulares ocurridos y denunciados en YPFB, son gigantescos y se advierte que tienen proyección estratégica. De cómo se investigue, procese y condene a Santos Ramírez y a los otros involucrados dependerá, por ejemplo, el resultado electoral del 6 de diciembre de este año. Por ello, está planteado para el gobierno y para quienes apoyamos a éste y a los cambios revertir, en todo lo que seamos capaces, aquella lesión ocasionada por los actores de los delitos que se imputan y que aparentemente se cometieron durante la administración encabezada por S. Ramírez en YPFB.
Nadie debe sugerir siquiera que aquel probable agente de la CIA le hizo meter las patas y las manos a Santos Ramírez. Si acaso éste fue doblegado por aquel agente habrá que concluir en que el ex Presidente de YPFB carece de ideas transformadoras, que es un político sin vocación de servicio a la gente del pueblo y que su ética (si se la puede llamar así) tiene la avidez de sus bolsillos. Estaremos, por tanto, ante un personajillo indecoroso y sin principios, sujeto a la oferta y a la demanda, que sucumbió ante las taras del mercado capitalista al que se debe remplazar, según la prédica más exigente de los que impulsan los cambios de verdad.
En otras palabras: ni el Presidente de la República, ni el MAS, ni los movimientos sociales, ni los aliados de aquéllos deben defender, ni indirecta ni directamente, a Santos Ramírez y a los otros posibles mezclados en el caso YPFB.
Una vez más de nuestra parte decimos que como en Bolivia no existe el fusilamiento para Santos Ramírez, se le debe imponer la cárcel. Los indicios son suficientes como para convencernos de que él es y que otros son culpables. Debe seguir el debido proceso y todo trámite que determinan las leyes, pero también es cierto que Santos Ramírez tiene abogados y no necesita otros de oficio u oficiosos. Además, que aquél cuando menos tenga el coraje de asumir su defensa ante los tribunales de justicia.
En vez de intentos destinados a defender (directa o indirectamente) a Santos Ramírez esperamos de los gobernantes un comportamiento autocrítico. Si la CIA penetró al gobierno, sea en el Palacio Quemado o en la más modesta de sus oficinas, lo primero que tendrían que hacer los gobernantes es redoblar la guardia para que ninguna infiltración sea posible de aquí hacia adelante. Y los distraídos que no puedan descubrir la penetración de los enemigos del proceso y del gobierno, en sus filas, tendrían que pagar con el cargo tamaña falta cometida.
A nosotros nos preocupa y mucho que este gobierno sea poblado por agentes encubiertos que tienen por tarea operar en su contra. Pero nos preocupan otros “infiltrados” (o equivalentes), como los “cuadros” (dirigentes) del MNR que son parte del gobierno, según confesión de la actual jefa de ese partido (La Razón del 9 de abril de 2007). Asimismo, nos preocupan tanto o más otros funcionarios del gobierno o del Ministerio Público que operan como si fueran infiltrados y que con sus actos perjudican al gobierno. Respecto de estos otros infiltrados también es necesario montar guardia, una que no se duerma.
Empero, la conspiración del imperio debe ser vista como conjunto, no sólo como una solitaria labor de un agente encubierto de la CIA, aunque en una empresa estatal estratégica. Aquella conspiración es parte de otra gigantesca: la ideológica, de todos los días, que presenta a Bolivia como un país en el que de manera general se respetan los derechos humanos, pero que se violan otros derechos y que la producción de cocaína creció tanto en Bolivia que amenaza al mundo todo lo que, además, es amplificado por la mayoría de los medios de difusión que no tienen como límite la responsabilidad, tal como determina un convenio firmado por gobiernos de las américas. Se suma la crisis financiera que llega a Bolivia, aunque no sea todavía en la intensidad temida. No se debe descartar, asimismo, un sabotaje a le economía boliviana, la CIA sabe cómo hacerlo. La industria cultural, de la que son parte los medios de difusión, de manera global pretende inducir a pensar (a los bolivianos) en intereses ajenos a los propios y en el estilo de vida estadounidense. El inventario podría seguir. Pero digamos que ningún reduccionismo ni maximalismo sirven como orientación correcta. Ni todos los diplomáticos de EE.UU. son agentes de la CIA, ni ésta es sólo una agencia seductora sin armas para la conspiración contra los cambios que apuntan a la articulación de un Estado y de una sociedad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es lo que buscamos en Bolivia.
La Paz, 28 de febrero de 2009.
*Periodista.
Remberto Cárdenas Morales*
La CIA y otros de inteligencia, organismos financieros, aparatos ideológicos (la llamada industria cultural), ciertos cooperantes tipo voluntarios de paz, agregados militares o sindicales, miembros de sectas religiosas, a veces ciudadanos corrientes y con alguna frecuencia funcionarios de gobiernos latinoamericanos y de Bolivia, cada quien en su trinchera y según su oficio, maquinan las más variopintas acciones para frustrar procesos y cambios, como los que tienen lugar en nuestra América y en nuestro país, y para mantener la dominación imperialista que, en tiempos neoliberales, era casi todopoderosa.
Procesos de reformas o con algún alcance liberador de sello boliviano (Revolución del 9 de abril de 1952, gobiernos de los generales Ovando y Torres, régimen de la UDP), a pesar de las sombras reales y aparentes, en determinados momentos de su desarrollo sufrieron, casi siempre pasivamente, la conspiración imperial. Cuando menos nunca recibieron, del imperio, apoyo ideológico, político y militar para que se consoliden y avancen.
Resulta normal que así sea. Es imposible que cambios que busquen acabar con el viejo orden reciban apoyo de los que hacen todo lo que está a su alcance para derrotar a toda transformación posible en estas tierras. Nadie que esté en su sano juicio debe esperar que la segunda y definitiva independencia de nuestra América y de Bolivia (para repetir aquella acertada consigna) triunfe con ayuda del complejo militar-industrial de Estados Unidos y, por tanto, con la asistencia de organismos como la Central de Inteligencia Americana (CIA).
La hoja de vida de la CIA y la historia de las luchas sociales y políticas de Latinoamérica se encargan de poner en evidencia que aquella agencia tiene como misión esencial la conspiración contra procesos, gobiernos y dirigentes transformadores.
Estos días, algunos medios de difusión bolivianos y correos electrónicos recuentan conspiraciones de la CIA en Bolivia y hablan de ministros de gobierno, especialmente, que según sus acciones desempeñaron labores por encargo de aquella organización de inteligencia o que fueron agentes suyos. De nuestra parte rememoramos dos hechos y nombres difundidos, más antes que ahora: la CIA por encargo de empresas petroleras de EE.UU. organizó la conspiración contra el gobierno del Gral. Alfredo Ovando, a partir de la nacionalización de la Gulf Oil. Co. (17-X-69), que aquel decidió y la mismísima CIA conspiró contra el gobierno del Gral. Juan José Torres, luego de que éste ordenó que se desarticule una oficina de enlaces (comunicaciones) que funcionó anexo al aeropuerto de El Alto y que se conocía con el nombre de Guantanamito. A ex ministros de gobierno de nuestro país, como Antonio Arguedas Mendieta (del Gral Renè Barrientos Ortuño), Jorge Gallardo Lozada (del Gral. Juan José Torres) Alfredo Arce Carpio (de Hugo Banzer Suárez), se los considera operadores de la CIA en Bolivia. Incluso a Arguedas se le concede las funciones de agente doble. A esa lista, nada decorosa, añadimos al obispo católico, Kennedy, que fue Nuncio Apostólico en La Paz, durante gobiernos del MNR y al cura Sulliván, que apoyo a “demócracristianos revolucionarios” en Cochabamba y a los que dejaban el PDC y adherían al mirismo de entonces.
Que un agente de la CIA se haya introducido en YPFB no es la novedad sorprendente, la noticia sería que se confirme que es agente de esa agencia. Mas se corre el riesgo de que nunca se llegue a descubrir con exactitud el papel de aquel posible agente de la CIA en la empresa estatal de los hidrocarburos y en otros lugares de los que se habla. Quizá una desclasificación de documentos en Estados Unidos ayude a la comprobación que ahora se intenta.
Sorprende, asimismo, la escasa o ninguna vigilancia de los organismos de seguridad del gobierno que, al parecer, fueron burlados por un agente (si en verdad es o si fue). Esa presumible falta de vigilancia debe preocupar tanto o más puesto que el probable agente de la CIA en YPFB asume la gerencia de comercialización de carburantes nada menos que por encargo del principal ex ejecutivo de esa empresa estatal.
Cabe una pregunta: ¿Por qué el ex Presidente de YPFB (detenido preventivamente) protegió al posible agente de la CIA, luego de que el presidente Morales le sugirió que lo destituya? La tolerancia de Santos Ramírez, con el presunto agente de la CIA, se puede entender como complicidad, lo que es muy grave en el comportamiento de un funcionario público que recibió el encargo de asegurar los mejores resultados en la más importante empresa estatal de los hidrocarburos.
La denuncia del Presidente de la República sobre el posible agente de la CIA, infiltrado en YPFB, si se la lee sin prejuicios (lo que es muy difícil), se debe entender como que aquel agente dificultó la comercialización de carburantes y que provocó la escasez de aquéllos.
Sin embargo, la interpretación de los opositores (matices más o menos) es que Evo Morales inventó al agente de la CIA con la intención de favorecer a su amigo y compañero de partido Santos Ramírez. Pero en el bloque gubernamental no se debe esperar que sus opositores lean la realidad o las declaraciones del Presidente con los ojos de los más lúcidos dirigentes de los movimientos sociales que apoyan al proceso y al gobierno.
Sí creemos que los gobernantes, como en otros casos, deben ser discretos respecto de los presuntos actos de corrupción en la estatal hidrocarburífera. Tienen que dejar de hablar lo que se puede entender como defensa de Santos Ramírez. Éste es el llamado a ocuparse del juicio criminal que le espera. El daño político al proceso y al gobierno, la lesión económica al Estado y a los bolivianos, provocado por los actos irregulares ocurridos y denunciados en YPFB, son gigantescos y se advierte que tienen proyección estratégica. De cómo se investigue, procese y condene a Santos Ramírez y a los otros involucrados dependerá, por ejemplo, el resultado electoral del 6 de diciembre de este año. Por ello, está planteado para el gobierno y para quienes apoyamos a éste y a los cambios revertir, en todo lo que seamos capaces, aquella lesión ocasionada por los actores de los delitos que se imputan y que aparentemente se cometieron durante la administración encabezada por S. Ramírez en YPFB.
Nadie debe sugerir siquiera que aquel probable agente de la CIA le hizo meter las patas y las manos a Santos Ramírez. Si acaso éste fue doblegado por aquel agente habrá que concluir en que el ex Presidente de YPFB carece de ideas transformadoras, que es un político sin vocación de servicio a la gente del pueblo y que su ética (si se la puede llamar así) tiene la avidez de sus bolsillos. Estaremos, por tanto, ante un personajillo indecoroso y sin principios, sujeto a la oferta y a la demanda, que sucumbió ante las taras del mercado capitalista al que se debe remplazar, según la prédica más exigente de los que impulsan los cambios de verdad.
En otras palabras: ni el Presidente de la República, ni el MAS, ni los movimientos sociales, ni los aliados de aquéllos deben defender, ni indirecta ni directamente, a Santos Ramírez y a los otros posibles mezclados en el caso YPFB.
Una vez más de nuestra parte decimos que como en Bolivia no existe el fusilamiento para Santos Ramírez, se le debe imponer la cárcel. Los indicios son suficientes como para convencernos de que él es y que otros son culpables. Debe seguir el debido proceso y todo trámite que determinan las leyes, pero también es cierto que Santos Ramírez tiene abogados y no necesita otros de oficio u oficiosos. Además, que aquél cuando menos tenga el coraje de asumir su defensa ante los tribunales de justicia.
En vez de intentos destinados a defender (directa o indirectamente) a Santos Ramírez esperamos de los gobernantes un comportamiento autocrítico. Si la CIA penetró al gobierno, sea en el Palacio Quemado o en la más modesta de sus oficinas, lo primero que tendrían que hacer los gobernantes es redoblar la guardia para que ninguna infiltración sea posible de aquí hacia adelante. Y los distraídos que no puedan descubrir la penetración de los enemigos del proceso y del gobierno, en sus filas, tendrían que pagar con el cargo tamaña falta cometida.
A nosotros nos preocupa y mucho que este gobierno sea poblado por agentes encubiertos que tienen por tarea operar en su contra. Pero nos preocupan otros “infiltrados” (o equivalentes), como los “cuadros” (dirigentes) del MNR que son parte del gobierno, según confesión de la actual jefa de ese partido (La Razón del 9 de abril de 2007). Asimismo, nos preocupan tanto o más otros funcionarios del gobierno o del Ministerio Público que operan como si fueran infiltrados y que con sus actos perjudican al gobierno. Respecto de estos otros infiltrados también es necesario montar guardia, una que no se duerma.
Empero, la conspiración del imperio debe ser vista como conjunto, no sólo como una solitaria labor de un agente encubierto de la CIA, aunque en una empresa estatal estratégica. Aquella conspiración es parte de otra gigantesca: la ideológica, de todos los días, que presenta a Bolivia como un país en el que de manera general se respetan los derechos humanos, pero que se violan otros derechos y que la producción de cocaína creció tanto en Bolivia que amenaza al mundo todo lo que, además, es amplificado por la mayoría de los medios de difusión que no tienen como límite la responsabilidad, tal como determina un convenio firmado por gobiernos de las américas. Se suma la crisis financiera que llega a Bolivia, aunque no sea todavía en la intensidad temida. No se debe descartar, asimismo, un sabotaje a le economía boliviana, la CIA sabe cómo hacerlo. La industria cultural, de la que son parte los medios de difusión, de manera global pretende inducir a pensar (a los bolivianos) en intereses ajenos a los propios y en el estilo de vida estadounidense. El inventario podría seguir. Pero digamos que ningún reduccionismo ni maximalismo sirven como orientación correcta. Ni todos los diplomáticos de EE.UU. son agentes de la CIA, ni ésta es sólo una agencia seductora sin armas para la conspiración contra los cambios que apuntan a la articulación de un Estado y de una sociedad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es lo que buscamos en Bolivia.
La Paz, 28 de febrero de 2009.
*Periodista.
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