¿La CIA dónde deja de conspirar contra cambios que apuntan hacia una nueva sociedad?

De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*

La CIA y otros de inteligencia, organismos financieros, aparatos ideológicos (la llamada industria cultural), ciertos cooperantes tipo voluntarios de paz, agregados militares o sindicales, miembros de sectas religiosas, a veces ciudadanos corrientes y con alguna frecuencia funcionarios de gobiernos latinoamericanos y de Bolivia, cada quien en su trinchera y según su oficio, maquinan las más variopintas acciones para frustrar procesos y cambios, como los que tienen lugar en nuestra América y en nuestro país, y para mantener la dominación imperialista que, en tiempos neoliberales, era casi todopoderosa.
Procesos de reformas o con algún alcance liberador de sello boliviano (Revolución del 9 de abril de 1952, gobiernos de los generales Ovando y Torres, régimen de la UDP), a pesar de las sombras reales y aparentes, en determinados momentos de su desarrollo sufrieron, casi siempre pasivamente, la conspiración imperial. Cuando menos nunca recibieron, del imperio, apoyo ideológico, político y militar para que se consoliden y avancen.
Resulta normal que así sea. Es imposible que cambios que busquen acabar con el viejo orden reciban apoyo de los que hacen todo lo que está a su alcance para derrotar a toda transformación posible en estas tierras. Nadie que esté en su sano juicio debe esperar que la segunda y definitiva independencia de nuestra América y de Bolivia (para repetir aquella acertada consigna) triunfe con ayuda del complejo militar-industrial de Estados Unidos y, por tanto, con la asistencia de organismos como la Central de Inteligencia Americana (CIA).
La hoja de vida de la CIA y la historia de las luchas sociales y políticas de Latinoamérica se encargan de poner en evidencia que aquella agencia tiene como misión esencial la conspiración contra procesos, gobiernos y dirigentes transformadores.
Estos días, algunos medios de difusión bolivianos y correos electrónicos recuentan conspiraciones de la CIA en Bolivia y hablan de ministros de gobierno, especialmente, que según sus acciones desempeñaron labores por encargo de aquella organización de inteligencia o que fueron agentes suyos. De nuestra parte rememoramos dos hechos y nombres difundidos, más antes que ahora: la CIA por encargo de empresas petroleras de EE.UU. organizó la conspiración contra el gobierno del Gral. Alfredo Ovando, a partir de la nacionalización de la Gulf Oil. Co. (17-X-69), que aquel decidió y la mismísima CIA conspiró contra el gobierno del Gral. Juan José Torres, luego de que éste ordenó que se desarticule una oficina de enlaces (comunicaciones) que funcionó anexo al aeropuerto de El Alto y que se conocía con el nombre de Guantanamito. A ex ministros de gobierno de nuestro país, como Antonio Arguedas Mendieta (del Gral Renè Barrientos Ortuño), Jorge Gallardo Lozada (del Gral. Juan José Torres) Alfredo Arce Carpio (de Hugo Banzer Suárez), se los considera operadores de la CIA en Bolivia. Incluso a Arguedas se le concede las funciones de agente doble. A esa lista, nada decorosa, añadimos al obispo católico, Kennedy, que fue Nuncio Apostólico en La Paz, durante gobiernos del MNR y al cura Sulliván, que apoyo a “demócracristianos revolucionarios” en Cochabamba y a los que dejaban el PDC y adherían al mirismo de entonces.
Que un agente de la CIA se haya introducido en YPFB no es la novedad sorprendente, la noticia sería que se confirme que es agente de esa agencia. Mas se corre el riesgo de que nunca se llegue a descubrir con exactitud el papel de aquel posible agente de la CIA en la empresa estatal de los hidrocarburos y en otros lugares de los que se habla. Quizá una desclasificación de documentos en Estados Unidos ayude a la comprobación que ahora se intenta.
Sorprende, asimismo, la escasa o ninguna vigilancia de los organismos de seguridad del gobierno que, al parecer, fueron burlados por un agente (si en verdad es o si fue). Esa presumible falta de vigilancia debe preocupar tanto o más puesto que el probable agente de la CIA en YPFB asume la gerencia de comercialización de carburantes nada menos que por encargo del principal ex ejecutivo de esa empresa estatal.
Cabe una pregunta: ¿Por qué el ex Presidente de YPFB (detenido preventivamente) protegió al posible agente de la CIA, luego de que el presidente Morales le sugirió que lo destituya? La tolerancia de Santos Ramírez, con el presunto agente de la CIA, se puede entender como complicidad, lo que es muy grave en el comportamiento de un funcionario público que recibió el encargo de asegurar los mejores resultados en la más importante empresa estatal de los hidrocarburos.
La denuncia del Presidente de la República sobre el posible agente de la CIA, infiltrado en YPFB, si se la lee sin prejuicios (lo que es muy difícil), se debe entender como que aquel agente dificultó la comercialización de carburantes y que provocó la escasez de aquéllos.
Sin embargo, la interpretación de los opositores (matices más o menos) es que Evo Morales inventó al agente de la CIA con la intención de favorecer a su amigo y compañero de partido Santos Ramírez. Pero en el bloque gubernamental no se debe esperar que sus opositores lean la realidad o las declaraciones del Presidente con los ojos de los más lúcidos dirigentes de los movimientos sociales que apoyan al proceso y al gobierno.
Sí creemos que los gobernantes, como en otros casos, deben ser discretos respecto de los presuntos actos de corrupción en la estatal hidrocarburífera. Tienen que dejar de hablar lo que se puede entender como defensa de Santos Ramírez. Éste es el llamado a ocuparse del juicio criminal que le espera. El daño político al proceso y al gobierno, la lesión económica al Estado y a los bolivianos, provocado por los actos irregulares ocurridos y denunciados en YPFB, son gigantescos y se advierte que tienen proyección estratégica. De cómo se investigue, procese y condene a Santos Ramírez y a los otros involucrados dependerá, por ejemplo, el resultado electoral del 6 de diciembre de este año. Por ello, está planteado para el gobierno y para quienes apoyamos a éste y a los cambios revertir, en todo lo que seamos capaces, aquella lesión ocasionada por los actores de los delitos que se imputan y que aparentemente se cometieron durante la administración encabezada por S. Ramírez en YPFB.
Nadie debe sugerir siquiera que aquel probable agente de la CIA le hizo meter las patas y las manos a Santos Ramírez. Si acaso éste fue doblegado por aquel agente habrá que concluir en que el ex Presidente de YPFB carece de ideas transformadoras, que es un político sin vocación de servicio a la gente del pueblo y que su ética (si se la puede llamar así) tiene la avidez de sus bolsillos. Estaremos, por tanto, ante un personajillo indecoroso y sin principios, sujeto a la oferta y a la demanda, que sucumbió ante las taras del mercado capitalista al que se debe remplazar, según la prédica más exigente de los que impulsan los cambios de verdad.
En otras palabras: ni el Presidente de la República, ni el MAS, ni los movimientos sociales, ni los aliados de aquéllos deben defender, ni indirecta ni directamente, a Santos Ramírez y a los otros posibles mezclados en el caso YPFB.
Una vez más de nuestra parte decimos que como en Bolivia no existe el fusilamiento para Santos Ramírez, se le debe imponer la cárcel. Los indicios son suficientes como para convencernos de que él es y que otros son culpables. Debe seguir el debido proceso y todo trámite que determinan las leyes, pero también es cierto que Santos Ramírez tiene abogados y no necesita otros de oficio u oficiosos. Además, que aquél cuando menos tenga el coraje de asumir su defensa ante los tribunales de justicia.
En vez de intentos destinados a defender (directa o indirectamente) a Santos Ramírez esperamos de los gobernantes un comportamiento autocrítico. Si la CIA penetró al gobierno, sea en el Palacio Quemado o en la más modesta de sus oficinas, lo primero que tendrían que hacer los gobernantes es redoblar la guardia para que ninguna infiltración sea posible de aquí hacia adelante. Y los distraídos que no puedan descubrir la penetración de los enemigos del proceso y del gobierno, en sus filas, tendrían que pagar con el cargo tamaña falta cometida.
A nosotros nos preocupa y mucho que este gobierno sea poblado por agentes encubiertos que tienen por tarea operar en su contra. Pero nos preocupan otros “infiltrados” (o equivalentes), como los “cuadros” (dirigentes) del MNR que son parte del gobierno, según confesión de la actual jefa de ese partido (La Razón del 9 de abril de 2007). Asimismo, nos preocupan tanto o más otros funcionarios del gobierno o del Ministerio Público que operan como si fueran infiltrados y que con sus actos perjudican al gobierno. Respecto de estos otros infiltrados también es necesario montar guardia, una que no se duerma.
Empero, la conspiración del imperio debe ser vista como conjunto, no sólo como una solitaria labor de un agente encubierto de la CIA, aunque en una empresa estatal estratégica. Aquella conspiración es parte de otra gigantesca: la ideológica, de todos los días, que presenta a Bolivia como un país en el que de manera general se respetan los derechos humanos, pero que se violan otros derechos y que la producción de cocaína creció tanto en Bolivia que amenaza al mundo todo lo que, además, es amplificado por la mayoría de los medios de difusión que no tienen como límite la responsabilidad, tal como determina un convenio firmado por gobiernos de las américas. Se suma la crisis financiera que llega a Bolivia, aunque no sea todavía en la intensidad temida. No se debe descartar, asimismo, un sabotaje a le economía boliviana, la CIA sabe cómo hacerlo. La industria cultural, de la que son parte los medios de difusión, de manera global pretende inducir a pensar (a los bolivianos) en intereses ajenos a los propios y en el estilo de vida estadounidense. El inventario podría seguir. Pero digamos que ningún reduccionismo ni maximalismo sirven como orientación correcta. Ni todos los diplomáticos de EE.UU. son agentes de la CIA, ni ésta es sólo una agencia seductora sin armas para la conspiración contra los cambios que apuntan a la articulación de un Estado y de una sociedad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es lo que buscamos en Bolivia.
La Paz, 28 de febrero de 2009.
*Periodista.