Los verdaderos centinelas de la amazonia peruana caen por defenderla

De sábado a sábado
Remberto Cárdenas Morales*
Indígenas, los verdaderos centinelas de la amazonia peruana, han muerto en un número indeterminado y continúan desaparecidos tantos otros en defensa de su hábitat natural y para impedir que las empresas transnacionales se apropien de la reserva ecológica más importante del mundo y la destruyan, al explotar los hidrocarburos, entre otras las riquezas del subsuelo.
La movilización de aquellos pueblos originarios, que se mantenía el momento de enviar esta nota, a pesar de la matanza, arrancó hace semanas y la causa principal es de tipo material, como las condiciones de vida y de trabajo imperantes allí, así como debido a la concesión del Estado peruano a empresas transnacionales del derecho de exploración y explotación de gas y petróleo, de los bosques y la consiguiente degradación de la biodiversidad (recursos biológicos), propios de la selva amazónica.
Esa selva es, asimismo, el hábitat natural de aquellos pueblos. Allí éstos tienen su territorio, en él buscan autodeterminarse (autonomía) y con las costumbres como normas o derecho consuetudinario para autogobernarse. Los recursos naturales renovables sirven, además, como sustento de aquellas comunidades humanas. Por tanto, el accionar suyo se despliega en defensa de su propia existencia. Se trata de precautelar la vida de los indígenas, el más importante de los derechos humanos, junto a los derechos económicos y sociales.
Las ideas liberadoras, la participación creciente en la política de este tiempo, el ejemplo de la lucha de los pueblos indígenas de nuestra América (en particular de los bolivianos) influyen cada vez en mayor escala y en una más amplia extensión geográfica. La fuerza del ejemplo, en el accionar liberador de nuestros pueblos, es un fenómeno que viene de lejos y no hay fuerza conservadora o reaccionaria que lo impida y, masacres como la de Bagua, tampoco.
La realidad interna peruana es la que gesta la lucha de los indígenas amazónicos de aquel país, como factor esencial, pero sería un disfavor a nuestros pueblos negar la influencia recíproca entre ellos. Accionar que, asimismo, se apoya en convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007.
Sin embargo, culpar al “comunismo internacional” de haber inducido a los indígenas peruanos a la protesta (en la prometedora extensión y profundidad conocidas) es como decir por ellos que “no son ciudadanos de primera clase”. Ambas afirmaciones corresponden al presidente de Perú, Alan García Pérez, con lo que muestra el lugar en el que se encuentra y el papel que desempeña ahora que la mayoría de los pueblos de la región latinoamericana, pese a insuficiencias y fallas, luchan por su segunda y definitiva independencia (confiamos que así sea), encabezados por gobiernos democráticos y populares que se enfrentan, en grados distintos pero convergentes, al imperialismo y las derechas criollas.
La carta de Evo Morales, que contiene ideas que evalúan la lucha de los pueblos indígenas, del pasado y del presente, así como propone otras para la rebelión y la revolución contemporáneas, creemos, pretende: ayudar a la orientación de esos pueblos (reunidos en Puno los últimos días de mayo) y aportar a la elaboración del programa continental de aquellos hermanos y compañeros de infortunios y de batallas por la emancipación verdadera.
Los gobernantes y líderes políticos peruanos que culpan a esa carta, del Presidente boliviano, de agitar a los originarios de la selva peruana, se presentan de cuerpo entero: ellos saben que un mensaje, como el de esa carta, es un elemento que puede acrecentar la conciencia política de los actores de la selva, pero no es ni el único ni el determinante. Que un diputado peruano calcule los gastos de los alzados en la amazonia de su país y afirme que el gobierno boliviano corre con esos gastos, da cuenta de una pobreza de argumentos. Nosotros respondemos que los pueblos ejercerían un derecho si a la solidaridad política acompañan, además, apoyo material. Un día lo harán para financiar, por ejemplo, un bloqueo de caminos. No debemos perder de vista, al menos entre la gente sencilla, que cuando en Bolivia se impulsa una campaña de alfabetización o de salud, con la cooperación de Cuba y Venezuela, se materializa respaldo político y económico. Eso no sólo se debe agradecer (como lo hacemos en estas tierras), debemos explicar que aquella solidaridad evidencia que, las reformas avanzadas que tienen lugar en Bolivia, cuentan con aquel apoyo que necesitamos y al que no renunciaremos, aunque chille la derecha en todos los tonos.
La solidaridad con los indígenas peruanos y, en particular, con los familiares de los caídos y desparecidos que se extiende más allá de nuestra América es algo que incomoda a los gobernantes peruanos porque la exigencia es, asimismo, que esos crímenes que ofenden a la humanidad sean investigados, juzgados y castigados. Es decir, que no queden impunes y que se haga justicia a las víctimas. Por ello, de algo tendrán que estar seguros los autores materiales e intelectuales de la matanza de Bacua: no habrá “ni olvido ni perdón” para ellos. Es que la denuncia de esos crímenes de lesa humanidad debe seguir sin tregua.
El apoyo a los peruanos de la selva alistados en las batallas en defensa de la amazonia nada tiene de injerencia. Las que meten sus manos sucias allí, con bastante frecuencia, son las empresas transnacionales porque en la América nuestra (que tiene abiertas todavía muchas de sus venas) amasan riquezas a costa de innumerables vidas y de horrendos crímenes.
A. García cuando dice que los indígenas “no son ciudadanos de primera clase”, resume el criterio de las clases sociales dominantes de Perú, esto es, de lo más conservador y reaccionario del país vecino. Esa afirmación, digna de enriquecer una antología de la “estupidez política” de la derecha latinoamericana, contrasta con lo que aquellos grupos sociales ganan precisamente con la obra de los incas (también indígenas), como Machu Picchu, acaso el mejor atractivo turístico, el que también genera importantes ingresos para el Estado peruano. Además, los gobernantes de Perú aseguran que promocionan el ecoturismo hacia la selva amazónica de aquel país, lugar en el que la cultura indígena ocupa un lugar preponderante.
El Presidente de Perú dijo, también, que desde fuera de su país se oponen al desarrollo peruano y reclamó que se los deje crecer como los peruanos decidan. Esa es otra falacia de aquel gobernante. Aunque allí se registra crecimiento económico, cabe aclarar que la distribución de esa riqueza nacional no se reparte en una proporción que beneficie a los que más necesitan. Con seguridad de que la mayor parte de esos ingresos llega preferentemente a los sectores pudientes, con lo que se enriquecen más.
Precisamente los indígenas amazónicos y el pueblo peruano que los apoya (con marchas y un paro nacional), se oponen a los convenios económicos entre Perú y Estados Unidos porque advierten que con ellos ganará más este último. Así se descubre el rasgo antiimperialista de los indígenas de la selva peruana que, hasta hace horas, mantenían bloqueada una carretera en la amazonia con el que exigen atención del gobierno a su legítima demanda.
Como resultado de aquella lucha, aunque después de la sangre con la que se tiñe la selva amazónica, los parlamentarios peruanos sólo han suspendido (y no abrogado) la aplicación de una de las normas rechazadas, por 90 días, porque facilitarían la depredación de aquella gigantesca reserva natural.
Como otra demostración de la naturaleza del actual gobierno peruano cabe rememorar otra afirmación de dos voceros suyos: “Teníamos que imponer el orden y la disciplina”, dijo el Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon, en tanto que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, afirmó que “Era necesario restablecer el orden”. Ante aquellas confesiones coincidentes sobran más pruebas: en el Perú gobierna una dictadura constitucional. Dictadura constitucional porque el que allí buscan restablecer (sigue convulsa la selva peruana) es el viejo orden, de explotación y de opresión, el que quieren cambiar los indígenas y todo el pueblo de aquel país.
La línea que aplican los indígenas peruanos, complementada en el último tiempo, fue propuesta por José Carlos Mariátegui cuando dice que: “El problema indígena se identifica con el problema de la tierra”. Y que “La lucha de los indios contra los gamonales ha estribado invariablemente en la defensa de sus tierras contra la absorción y el despojo”. Actualmente se puede hablar del problema de la tierra y del territorio, de éste en particular, como demanda sustancial de los guardianes de la selva amazónica en Perú, a los que con legitimidad se los debe considerar como verdaderos guardianes de aquella reserva de biodiversidad y ecológica para la humanidad, a condición de que seamos capaces de impedir (junto a los indígenas) que las empresas transnacionales la depreden.
La Paz, 13 de junio de 2009.
* Periodista